Una importante concentración tuvo lugar en la sede del Servicio de Paz y Justicia, centro de Buenos Aires, con el objetivo de definir un plan de lucha para exigir la liberación de los 35 manifestantes detenidos durante la protesta contra la Ley Bases que tuvo lugar el miércoles en las inmediaciones del Congreso.

El comunicado de la Oficina del Presidente, del que se sirvió Stornelli para argumentar su dictamen, en el que se calificó de «terroristas» a los manifestantes que protestaron contra la Ley Bases, provocó indignación y amplificó la bronca contra el Poder Ejecutivo.

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«Hace años que no había una presencia gremial, política, social, de las organizaciones sociales y de los organismos de Derechos Humanos para decir libertad de los detenidos, libertad de las detenidas y el cierre inmediato de esta causa», señaló la referente del PTS.

El diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, aseguró que es «fundamental la más amplia unidad para que caigan estas infames acusaciones que hace Bullrich para coartar nuestro legítimo derecho a la protesta».

Por su parte, Eduardo Tavani de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos instó a «consolidad esta unidad» y retrucó al Gobierno al señalar que «los terroristas son ellos».

El pasado miércoles, durante el debate de la ley Bases en el Senado, se produjeron disturbios en las afueras del recinto entre manifestantes y la Policía. Como consecuencia, más de treinta personas fueron detenidas.

El fiscal Carlos Stornelli pidió la prisión preventiva para los manifestantes, y este viernes la jueza María Servini de Cubría indagó a los primeros detenidos, acusados por resistencia a la autoridad, lesiones y daños.