El diputado socialista Enrique Estévez presentó un proyecto de ley que declara la emergencia por violencia de género durante dos años y que incluye un plan de desarme de la sociedad civil y control de armamento de agentes de seguridad, elaborado con la organización MuMaLá, la cual denunció que hay un femicidio cada 30 horas.
En un comunicado, el diputado informó que la iniciativa «gana cada vez más apoyo de la sociedad civil. Incluso la organización MuMaLá lanzó una petición a través de la plataforma Change con este objetivo» la cual «ya cosechó más de 130 mil firmas»
El proyecto establece que, tras la declaración de la emergencia, se debe realizar un plan de acción que establece la reasignación de partidas presupuestarias que garanticen «un aumento sustancial de recursos económicos para el abordaje integral de las violencias al Ministerio de las Mujeres, Genero y Diversidad».
Además, esos recursos se deberán destinar «al acompañamiento económico y la asistencia integral a víctimas de violencias de género, y a familiares e hijes de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios».
También fija que se deberá otorgar «asistencia técnica y financiera a los Estados locales para la creación de equipos especializados e integrados para el abordaje y acompañamiento de víctimas de violencias de género, así como en líneas de atención; para el fomento de creación y fortalecimiento de Áreas de Género y Diversidad en entes y organismos públicos, y para la creación y fortalecimiento de equipos especializados en análisis de riesgo en el Poder Ejecutivo y Judicial».
Además, establece que se deberán fortalecer las organizaciones que integran redes comunitarias «para la promoción dela autonomía de las mujeres y diversidades, la prevención de las violencias machistas, la detección precoz y la asistencia temprana a las víctimas de violencias de género, en virtud del factor cercanía; aportando herramientas, recursos, asistencia y capacitación permanente».
El proyecto contempla la creación del Plan Nacional de desarme en la sociedad civil con el fin de «contribuir a la prevención de las violencias de género».
Otro punto de la iniciativa establece la adecuación de los protocolos nacionales y provinciales para el «abordaje y seguimiento a integrantes de fuerzas de seguridad que ejercen violencia de género, que incluyan el retiro de arma reglamentaria u otras de su posesión».
