Empleados del Banco Nación se movilizaron para rechazar el DNU de Milei
El cambio en la normativa abre debates sobre la posible privatización de la entidad y sus implicaciones económicas y laborales. Incertidumbre en el sector.
La polémica desatada por el reciente decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei causó revuelo y manifestaciones entre los empleados del Banco Nación, este jueves último.
El cambio en la normativa abre debates sobre la posible privatización de la entidad y sus implicaciones económicas y laborales.
Los empleados del Banco Nación han salido a las calles manifestándose en contra de la resolución. Este decreto deroga un artículo crucial que desde 1999 impedía la privatización de la entidad bancaria.
Las protestas se intensifican ante la preocupación por la posible desregulación total y la vulnerabilidad laboral que esto podría implicar, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo.
? Bajo el lema «El Banco no se vende», trabajadores se movilizaron para rechazar la privatización del Banco Nación, la cual fue habilitada por el DNU de Javier Milei. En una ronda alrededor del la entidad financiera, los empleados también rechazaron… pic.twitter.com/yCEKnB2SEl
— Conclusión (@ConclusionRos) December 21, 2023
El banco, considerado el más grande del país y con presencia en casi todas las ciudades argentinas, se ve afectado no solo por la eliminación de esta restricción, sino también por la pérdida de ciertas atribuciones financieras, como la gestión de multas y depósitos judiciales.
La eliminación de esta prohibición ha desatado preocupaciones sobre el futuro de la institución y su papel en la economía nacional.
Esta situación, que ha causado movilizaciones y cuestionamientos, pone de manifiesto la incertidumbre y el malestar ante posibles cambios radicales en las reglas de juego económicas y laborales en Argentina.
El DNU comunicado por Milei expresa una clara modificación a las condiciones sociales, financieras y estructurales que rigen en el país. Una evidente violación al estado de derecho actual y un atropello total a la división de poderes. Un sector de la población ya expresó su rechazo a las medidas sancionadas.