La sesión que definió la emergencia en seguridad en el Concejo Municipal dejó consecuencias. Cuatro días de trabajo en la Comisión de Labor Parlamentaria, muchas horas de discusiones y consensos para terminar con la votación en el recinto en un día que quedará en el recuerdo.

El día después de esta histórica declaración, varios ediles se manifestaron para dejar sus opiniones. Así, Diego Giuliani, Fernanda Gigliani, Jorge Boasso y Gabriel Chumpitaz se explayaron sobre las medidas aprobadas en el Palacio Vasallo.

Diego Giuliano

“Logramos que se apruebe la emergencia en seguridad en Rosario después de que se la rechazara durante mucho tiempo, 5 años en los que se lamentaron 1221 muertes violentas”, afirmó el presidente de la Comisión de Seguridad.

“Si la Provincia no da seguridad, la ciudad tiene que estar preparada, dándole recursos a la Intendenta para bajar los niveles de violencia. Estos días nos llenaron de superlativos, el megaplan, las supercomisarías, los superpatrulleros. El Concejo no plantea una Emergencia simbólica ni discursiva, sino una emergencia concreta”, aseguró. Y agregó: “Vamos a controlar minuto a minuto el accionar de la Municipalidad sobre estas herramientas que la Emergencia en Seguridad le brinda para bajar los niveles de violencia en la ciudad”,

“La emergencia nos permite posicionarnos de manera diferente frente al Gobierno de la Provincia a quien tenemos la obligación de exigirle los 200 patrulleros que faltan, mayores recursos para la justicia que permita a las fiscalías funcionar al 100% y no con el 50% de los recursos necesarios, exigirle un seguimiento de las condenas condicionales, de las transitorias y de las prisiones domiciliarias”, manifestó el edil y agregó: “La emergencia le proporciona recursos humanos y económicos a la intendenta para que cumpla con todas las medidas necesarias para prevenir el delito. Le otorga al municipio la posibilidad de disponer de partidas que van dirigidas a otros destinos que no son prioritarios para que sean utilizados en seguridad”.

“La emergencia en seguridad por 180 días significa gestionar la presencia de las fuerzas federales en la ciudad, invertir en patrulleros y videovigilancia en todos los barrios de la ciudad, comprar alarmas comunitarias y botones de pánico, intensificar las medidas de seguridad sobre los accesos a la ciudad, coordinar patrullajes y controles municipales para la detección de vehículos y para la prevención en general, impulsar el programa de prevención de adicciones y la línea telefónica gratuita 0800 para la denuncia anónima de comercialización de estupefacientes, significa generar políticas de intervención social para la prevención social del delito, crear áreas de asistencia a la víctima y a familiares de víctimas, invertir en el equipamiento de las áreas de control y disponer de recursos humanos, legales, financieros y tecnológicos que permitan profundizar las tareas de prevención del delito y la violencia”, indicó el edil.

“La causa de la emergencia no es ningún accidente, ni es consecuencia de un fenómeno de la naturaleza, sino el resultado de una mala praxis, de una actitud negligente sostenida en el tiempo. Ahora toca reparar lo que no se hizo antes, lo que no se quiso ver ni diagnosticar antes. La ciudad hace mucho que está en emergencia”, afirmó. Para culminar: “El Estado debe ponerse de pie, como lo hicieron los vecinos de Rosario en la manifestación espontánea más grande de los últimos años en la que la ciudad mostró su dolor”.

Fernanda Gigliani

“Vemos como positivo el haber podido acordar la puesta en marcha de algunos programas y proyectos, prescindiendo e incluso superando las recurrentes discusiones sobre las competencias que tenemos como gobierno local, para abordar temas de seguridad ciudadana. Tenemos claro que las responsabilidades en esta materia recaen en el Gobierno nacional, y en mayor medida en el gobierno provincial. Sin embargo desde Iniciativa Popular creemos que todos los problemas de los rosarinos, son también problemas de quienes tenemos algún grado de representación, y esto hace que tanto concejales como fundamentalmente la intendenta, deban además de preocuparse, ocuparse de aportar desde sus campos de acción, alternativas para superar las situaciones de violencia e inseguridad en territorio de la ciudad”, manifestó Fernanda Gigliani.

Ante el reclamo y las quejas por inseguridad, que alcanzan picos de alta saturación, la concejala sostiene que no se puede ser indiferente, “es algo que nos interpela a todos”, dijo y señaló: “Si bien la violencia y la inseguridad forman parte del paisaje cotidiano, no debemos naturalizarla, y más aún si vemos que a partir de mayo de este año, la violencia comenzó a recrudecer llegando a registrarse 24 crímenes en tan sólo un mes, la mayoría producto del uso de armas de fuego”.

Según la edila, «los números y estadísticas nos permiten dimensionar el problema: la tasa de homicidios de Rosario causa escalofríos, alcanza 18,5 homicidios cada 100.000 habitantes, esta tasa supera en casi 3 veces la media de Argentina, que en 2015 fue de 6,6 puntos y casi duplica la que tuvo la ciudad de Quilmes en el conurbano bonaerense, que fue de 10,6».

Jorge Boasso

El edil que en la última elección provincial fue candidato a vicegobernador, volvió a cargar con la gestión del Frente Progresista en Santa Fe, a la que calificó de «fracaso estrepitoso» a la hora de analizar el tema de seguridad. Y ahondó en detalles: «Lo muestran los guarismos de asesinatos en Rosario, en la ciudad de Santa Fe y la provincia convirtiéndola en el mayor índice de homicidios que tiene en la República Argentina alcanzando el pico máximo en el 2013 con 255 homicidios y al día de hoy, en el 2016, lamentablemente, 136 asesinatos en la ciudad de Rosario. Es decir, la administración ha fracasado rotundamente para asegurar vidas y bienes de los santafesinos».

Negativo fue el voto de Boasso a la hora del tratramiento de la emergencia en seguridad. Su argumento fue que desde el Concejo no tienen implicancia en las medidas, sino que «asegurar bienes y las vidas de las personas es responsabilidad de la Nación y la Provincia». Y ahondó: «Pero no conocemos el plan, ni de Nación, ni de Provincia o el plan que tienen coordinadas entre ambas».

 

Gabriel Chumpitaz

“Creo que hay un antes y un después de la marcha de la semana pasada. Toda la dirigencia política tomó nota de lo que pasaba, aunque todos vivimos acá, parecía que la dirigencia no le daba la magnitud del problema. La inseguridad es algo urgente y lamentablemente estábamos en discusiones que nada tenían que ver con la seguridad”, expresó Gabriel Chumpitaz, edil del PRO.

“La Emergencia en Seguridad brinda un presupuesto a la intendencia que entendemos se utilizará con discrecionalidad, pero también desnuda el fracaso de las políticas de seguridad del socialismo”, argumentó el concejal.

Mientras, en declaraciones a LT3, el edil macrista opinó en relación a que se cobren multas con las cámaras de videovigilancia: “El cobro de multas por faltas registradas con las cámaras de videovigilancia fue un punto muy discutido. Por suerte fuimos mejorando la propuesta y la multa quedó limitada a pasar semáforo en rojo y andar en contramano. Yo no estaba de acuerdo, pero prioricé el paquete de medidas para mejorar la seguridad”.

Concejo: se declaró la emergencia en seguridad tras una extensa sesión