Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires  – El Senado sancionó éste viernes, con el acompañamiento de la oposición, el proyecto de Ley de Góndolas, que busca ordenar la distribución de los productos en los supermercados y favorecer a las pymes y a las economías regionales, en el marco de la política gubernamental para combatir las subas de los precios de los alimentos.

La normativa que contaba con media sanción de Diputados -consiguió 56 votos a favor y cuatro abstenciones, de un total de 72 legisladores que tiene el cuerpo – establece que productos como alimentos y bebidas cuyas marcas sean de un mismo grupo económico no podrán ocupar más del 30 por ciento del espacio en las góndolas de los supermercados e hipermercados.

Entre sus puntos principales, la normativa determina que los establecimientos deberán garantizar un 25 por ciento de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5 por ciento adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y sectores de la economía popular.

Al término de la sesión, el senador Jorge Taiana, destacó que se trata de un «paso importante», como también señaló que se deben instrumentar «medidas para que entre el productor y el consumidor se logre que no se paguen por los productos precios desproporcionados».

Jorge Taiana

Respecto del incumplimiento de la ley, el ex Canciller precisó que está previsto «que no haya conductas empresariales que beneficien a los grandes en detrimento de las más pequeñas», por ejemplo «que las grandes cadenas no condicionen el envió de productos gratis para acceder a las góndolas, además, instaura un plazo al pago de esos productos para evitar que las pymes sufran la distorsión que le imprime una política comercial condicionante».

Preguntado por Conclusión, sobre las reglas de competencia el legislador expresó que en Argentina «hay una alta concentración en la producción de alimentos, bebidas y lácteos, como también las grandes cadenas de supermercados». «Esta ley no soluciona todos los problemas, pero es un paso que es positivo para la realidad que viven los argentinos».

«En enero los precios de los alimentos aumentaron el doble que la inflación que se registro durante ese mismo mes, y esto no tiene un justificativo de costos y producción, en realidad quedan expuestos que se trata del intento de maximizar las ganancias de los que tienen una posición dominante».

Según la letra de la norma aprobada, esta se deberá implementar en un plazo de 60 días, y alcanzaría a trece empresas que facturan $1.700 millones al año y comprenden el 26 por ciento de la cadena comercial del país.

Los almacenes, autoservicios chinos y kioscos -canales de venta que concentran alrededor de 70 por ciento de las ventas minoristas-, quedarán excluidos, establece la normativa.

La ley comprende a los supermercados e hipermercados que cuenten con más de 50 bocas de expendió en todo el país.

Ana Almirón

Por su lado, la legisladora correntina, Ana Almirón, que participó en el recinto como miembro informante, evaluó que «seguramente a futuro esta ley tendrá modificaciones: Es un compromiso de todos los senadores, hoy se avanzó, en el marco de una situación de crisis económica, hay una respuesta positiva para atenuar la realidad de los consumidores y de las pymes que no lograban acceder a la exhibición de sus productos».

«El fomento de la industria nacional, es importante», dijo a Conclusión la parlamentaria, quien agregó que «con una mirada federal se puede decir que los pequeños productores del interior, sobre quienes reclamamos protección accedan con sus productos a las grandes cadenas de comercialización, y ademas que se establezca a través de la autoridad de aplicación un isologotipo para destacar los productos nacionales». » Con este paso se avanza para dar por tierra con el final de una práctica que limitaba, con cláusulas unilaterales una imposición a los proveedores».

El objetivo de la normativa es fomentar la competencia, permitir el ingreso de nuevas marcas y lograr una diversidad y baja de precios en beneficio del consumidor, explicaron fuentes parlamentarias y oficiales.