El oficialismo y la oposición presentaron hoy un proyecto de ley consensuado para establecer los juicios en ausencia, con el objetivo de dotar a la Justicia de una herramienta que permita avanzar en causas como la que investiga el atentado a la Amia.
La iniciativa tomó como base las propuestas hechas por la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la Amia, a cargo del radical Mario Cimadevilla, quien consensuó el proyecto con todos los bloques del Senado, entendimiento que contó también con la aceptación del Gobierno.
En efecto, el proyecto fue presentado formalmente por el senador del PJ-FPV Mario Pais y lleva las firmas de varios integrantes de ese bloque, incluido el jefe de la bancada, Miguel Pichetto, así como la del presidente provisional de la Cámara, Federico Pinedo, y otros legisladores de Cambiemos.
Se trata de una modificación del Código Procesal Penal que introduce un nuevo capítulo en el que se establece que «en los procesos en que se hubiese declarado la rebeldía de un imputado, a requerimiento del fiscal, en consulta con su superior jerárquico inmediato, el juez dispondrá la continuación del proceso en ausencia del imputado rebelde».
El juicio en ausencia podrá ser solicitado, según el proyecto, cuando hayan transcurrido «más de seis meses desde la declaración de rebeldía» de los imputados, cuando se hayan «extremado las medidas para obtener su comparecencia» ante el tribunal y cuando «se hubiere librado la orden de captura nacional y/o internacional».
Los delitos contemplados para este procedimiento son todos los que figuran en los tratados y convenciones internacionales y consideradas imprescriptibles como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El proyecto también señala el juez podrá disponer la continuación del proceso en ausencia del «imputado rebelde» cuando un pedido de extradición formulado por la Argentina «fuese denegado o no tuviere respuesta en el plazo establecido y el Poder Ejecutivo no admita el juzgamiento en aquel país».
Respecto del derecho a la defensa, la iniciativa señala que «si el rebelde no tuviese designado defensor, el juez designará un defensor oficial para que lo represente y garantice su derecho a la defensa», aunque indica que el imputado podrá designar a un abogado «en cualquier instancia del proceso y aún cuando permanezca en rebeldía».
Además, se establece que «el juicio en ausencia deberá ser filmado», que «la autenticidad de la versión registrada deberá ser certificada y su inalterabilidad asegurada» y que si el imputado resulta condenado, el registro fílmico se resguardará «durante 100 años».
El mecanismo del juicio en ausencia había sido solicitado por un sector del PRO cuando era oposición y también por el Frente Renovador de Sergio Massa, con la mira puesta en el caso
