La CGT advirtió que mantendrá un firme rechazo al plan que analiza el Gobierno para subsidiar durante tres años las cargas sociales de nuevos empleados que tomen las empresas privadas, al considerar que se hará con el dinero de los impuestos que pagan los trabajadores, como Ganancias.
Con la idea de comenzar a disminuir el enorme porcentaje de trabajadores no regularizados, los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Trabajo, Jorge Triaca, delinearon un borrador de un plan para que el Estado abone los aportes de los empleados de las empresas que contraten nuevos trabajadores, especialmente las Pymes.
No obstante, la CGT salió al cruce de la iniciativa al considerar que es un beneficio excesivo para los empresarios, ya que se verán librados de destinar dinero para las cargas sociales y que eso, en cambio, pasaría a hacerse con plata proveniente del bolsillo de los trabajadores regularizados.
«Estamos en contra de que se paguen los aportes con la plata nuestra, como la que nos sacan con el Impuesto a las Ganancias.
Dicen que se hará durante tres años, pero nosotros queremos que se haga durante cero años», advirtió tajante el miembro del Consejo Directivo de la CGT y secretario general del sindicato del Seguro, Jorge Sola.
El dirigente confirmó que ya mantuvo charlas informales sobre este tema con integrantes del triunvirato, como Juan Carlos Schmid y Héctor Daer, quienes también salieron públicamente a rechazar esa idea, a la que emparentaron con «las políticas de fexibilización laboral de los años noventa» y recordaron que en aquella época sirvió para «aumentar la rentabilidad de los patrones y no disminuyo el desempleo».
Por otro lado, Sola calificó de «rumores» a la posibilidad de que la CGT, en alerta por este tema, decida adelantar la primera reunión del año de su Consejo Directivo y sostuvo ante NA que «hasta el momento» se mantiene la fecha tentativa original de «fines de enero o principios de febrero».
Por su parte, voceros del Ministerio de Trabajo precisaronque la iniciativa oficial contempla subsidiar las cargas sociales durante tres años y que luego las empresas vuelvan a hacerse cargo de esa obligación, que los representante de la CGT insisten en recordar que es un «salario diferido» y que, por ende, le corresponde abonarlo al sector privado.
También confirmaron que buscan que el tema se ponga sobre la mesa en la próxima reunión tripartita del Diálogo por la Producción y el Trabajo, aunque todo indica que representantes de la cartera laboral tendrán previamente encuentros informales con los empresarios y sindicalistas para acercar posiciones.
Por otro lado, las mismas fuentes de Trabajo aclararon que la posibilidad de subir la edad jubilatoria (actualmente de 60 años para la mujer y 65 para el hombre) no se enmarca dentro de los planes del Gobierno para combatir el trabajo informal y reducir las cargas patronales.
No obstante, reconocieron que en el futuro se contempla crear una comisión de especialistas para analizar la sustentabilidad del sistema previsional para poner en marcha un debate sobre el tema, aunque advirtieron que será muy extenso y requerirá de mucho consenso para llegar a una reforma de esa magnitud.
