Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)

La diputada nacional del Frente Renovador Mirta Tundis dijo que su partido presentó «una acción de amparo colectivo contra la suspensión de las pensiones por discapacidad y requirió por medio de pedidos de informe la presencia de la ministra de salud de la Nación a comisiones para que explique porqué resolvieron estas medidas».

El Ministerio de Desarrollo Social eliminó en lo que va del año 70.000 pensiones por discapacidad. Los datos oficiales muestran que el recorte se acentuó en los últimos tres meses, lo que generó una gran polémica. 

Este martes estaba prevista una reunión de la Comisión de Discapacidad en Diputados, pero tuvo que suspenderse dado que no se logró el quórum porque el bloque Cambiemos no asistió. El presidente de la comisión mencionó que en 2015 había un total de 1.600.000 beneficiarios. “Fue una política de inclusión”, resaltó, y señaló que “en poco más de un año, la gestión de (Carolina) Stanley dio de baja 170.000 pensiones, es decir el 10%”.

En diálogo con Conclusión, Tundis manifestó que ya tenían «quejas sobre suspensión de pensiones en distintas recorridas que hicimos por el país. Las bajas eran sin motivo para quienes resultaron afectados. Muchas de estas personas incluso han quedado con deuda porque retiraron medicamentos en las farmacias en las que siempre compraban con la promesa de pagar una vez que les efectivizaran sus pensiones. Fueron al banco y se enteraron que les habían dado la baja del beneficio», relató.

El Ministerio de Desarrollo Social eliminó en lo que va del año 70.000 pensiones por discapacidad. Los datos oficiales muestran que el recorte se acentuó en los últimos tres meses, lo que generó una gran polémica. Sin embargo esta cifra se incrementa a 183.000 si se computan los beneficios caídos desde 2016.

Según Mirta Tundis, «les están pidiendo la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUT), esto significa un grave trastorno, para que se entienda bien, los pensionados no contributivos no son sólo de Capital Federal y el gran Buenos Aires, son de todo el país. Hay localidades en las provincias donde no hay un cuerpo de médicos responsables de extender el CUT, los beneficiarios tienen que esperar la visita de comisiones médicas que van una vez por mes o cada dos meses y que además atienden a una determinada cantidad de personas».

—¿En qué tiempo el Estado le da lugar a la actualización del trámite para ser acreedor del cobro?

—Para cumplir con la actualización la Comisión de Pensiones Asistenciales se tarda entre dos o tres meses, mientras que si está suspendido el beneficio y hasta que se rehabilite –si es que tienen el derecho– transcurren con la aplicación de este mecanismo 8 meses. Esto quiere decir que una persona que tiene el derecho y que demuestre que es inocente porque lo que están haciendo es eso, pedir que demuestren que no fue mal otorgada una pensión, podrá cobrar la pensión.

—¿Por qué el gobierno recurre a este mecanismo?

—Si la pretensión era revisar de qué forma se otorgaron estos beneficios, tendrían que haber citado a las personas y le hubieran dicho al titular que querían verificar si su situación era irregular, sea por tener auto, empresas, casas, yate o lo que sea. Y con esas pruebas se daba la baja, pero no de esta forma.

—¿Cuáles son los motivos del gobierno?

—Este gobierno llegó con indicaciones a todos los ministerios de ahorrar, yo le llamo el plan ahorro, que comenzó ahorrando con los medicamentos en el mes de enero por enfermedades crónicas a los jubilados, continuó con la movilidad jubilatoria hasta que obviamente nos hicimos sentir y el presidente tuvo que dar marcha atrás. Ahora vienen con este tema. El plan ahorro del gobierno consiste en sacarle derechos a la población. Como país hemos adherido a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde jamás se habla que las personas con discapacidad tienen que ser indigentes para recibir un beneficio.

—Como hecho vergonzoso se le suma la estigmatización…

—Obviamente buscan invisibilizar a los beneficiarios, se ha llegado a dar de baja una pensión porque una persona ganó en una rifa un auto, u otro caso en el que el titular de una pensión compró un autito que aprovechó para adaptarlo debido a su discapacidad y poder ser trasladado por un familiar y le retiraron la pensión.

—¿Por qué no se ha planteado el abandono de persona?

—Sí, lo estamos planteando porque se pierde la atención médica –de acuerdo al tipo de discapacidad— y las prácticas que son necesarias para ser atendida la persona. Hay centros de día que asisten por distintas afecciones y cobran por mes 30 mil pesos cuando la pensión es de 4.200 pesos. Esto es lo horroroso, les perdonan impuesto a los que invierten en Lebacs, o quienes hacen operaciones bursátiles, a quienes no les cobran ganancias…

—¿Que hará el Frente Renovador?

—Presentamos un amparo junto a Sergio Massa para que se revea esta situación, y hemos presentado pedidos de informe y por decisión de la Comisión de Discapacidad y Salud la presencia de ministra de salud de la Nación para nos explique porque se tomó esta decisión. Y esperamos que el gobierno entienda que tiene que dar marcha atrás. Que revise las pensiones si están bien otorgadas pero mientras tanto que las siga pagando. Y no sostenga graciosamente que hay opción de trabajo para un enfermo de HIV, o discapacidad motriz, porque a la falta de trabajo de hoy se le suma la falta de interés de los empleadores en personas que dependen de tratamientos permanentes. Y cuando ni el Estado cumple con el porcentaje del 4% en su planta darle empleo a personas discapacitadas porque sólo llegó al 0,97%.