Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (Enviado especial)
El pasado martes se trató en las comisiones de Justicia, Legislación General y Presupuesto de la Cámara baja, la reforma del Ministerio Público Fiscal, el acuerdo entre Cambiemos y el Frente Renovador, permitió que el próximo miércoles la cámara de Diputados trate el tema y se vote los cambios introducidos para diseñar una nueva ingeniería institucional de esa repartición. Si logra el oficialismo la cantidad de votos necesarios, será girado al Senado para ser evaluado en comisiones, sin embargo subyace la idea que comprometerá la situación de la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó.
La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo nacional, según el dictamen aprobado el martes pasado, se limitaría el mandato del procurador general a cinco años, pero no especifica la situación de Gils Carbó, quien ocupa el cargo desde el 29 de agosto de 2012.
Diputado Fernándo Sánchez de la Coalición Cívica
Conclusión dialogó con el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, compañero de bancada de Elisa Carrió, quien expuso sus puntos de vista respecto de la situación de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y sostuvo que «la ley no dice nada, y no hay cláusula transitoria, y si se interpreta el texto tal cual quedó redactado, diría que cumpliría su mandato en 2017, es decir al finalizar los cinco años que el actual proyecto establece».
En relación a la posición de la procuradora, el legislador admitió que «Carbó podría interpretar que no finalizaría su mandato en 2017, que se debe computar a partir de la sanción de la nueva ley, que llevaría su gestión a 2021. Pero, los funcionarios no tienen derechos adquiridos excepto que el mandato sea constitucional, en el caso de la Procuración general de la Nación la Constitución no especifica que tiempo debe permanecer en su cargo. Podría ser que dure 10 o 20 años, que se trate de un cargo vitalicio, de hecho en el presente está regulado por una ley del Congreso», subrayó.
Preguntado si esa regulación preveía tiempo y formas de remoción, Sánchez, dijo: «Estuvo regulado antes y ahora también, y se estipula el tiempo, y que para ser apartada de su función tendría que incurrir en alguna inconducta, pero la ley es taxativa en el tiempo, son cinco años con posibilidad de ser reelegida.
—¿Cual sería la suerte de Alejandra Gils Carbó?
—Depende, si se evalúa que incurrió en alguna conducta no acorde a sus funciones, o si se evalúa el período de tiempo que debe durar su mandato, en el nuevo proyecto las dos cosas se modifican, partiendo de la base que yo creo que la inconducta de la Procuradora, la hace merecedora del desplazamiento de su cargo hace bastante tiempo y sin la necesidad de reformar la ley para removerla, el problema es que al poder político mayoritario de antes le convenía el servicio prestado por Gils Carbó que daba impunidad. Si uno hubiese -en serio- juzgado su conducta como correspondía y en tiempo oportuno tendría que haberse ido de la Procuración hace rato, y entiendo que con la ley vigente, o la misma reformada tendría que ser juzgada su inconducta, no necesariamente aguardar que expire el tiempo que explicita la ley en relación a la duración del mandato.
—¿Por qué no apelaron desde la oposición al juicio político en su momento?
—Se podría haber encarado esa vía, pero el frente para la Victoria no dio sus votos para juntar los dos tercios, y entonces la podríamos haber juzgado. Junto a la diputada Elisa Carrió presentamos un pedido de juicio político, el problema no es que no faltaban los pedidos, carecíamos de la voluntad del Frente para la Victoria, por estar bien protegidos por Gils Carbó. Si a la diputada Soria se le hubiera ocurrido esto hace dos años estaría todo resuelto, pero no lo dijo en su momento, lo sostiene ahora en comisiones.
—¿Qué formas de interpretar la ley nos ofrece el texto tal cual quedó redactado y qué efectos tendrá una vez aprobado el proyecto?
—Hay dos forma, la primera es que prospere el mecanismo de revisión de su conducta, que ya no es mas por juicio político sino que es por un mecanismo similar al del juicio político que requiere la intervención de las dos cámaras, que ya no requiere la mayoría de dos tercios para habilitar el juzgamiento por parte de la cámara de Diputados sino que es por mayoría simple y si requiere dos tercios del Senado para decidir su destitución, en cuanto al tiempo de duración de su función, de prosperar esta iniciativa de reforma que puede ser convertida en ley, interpreto que vencido los cinco años desde que asumió en 2012 como procuradora tendría dejar el cargo en 2017 y se debería elegir un nuevo Procurador».
De allí en más las especulaciones son muchas, hay quienes sostienen que es similar a la situación por la que atravesó el juez de la Corte, Carlos Fayt, que continuó hasta los 97 años por haber asumido por la Reforma de 1994, sin embargo desde el oficialismo objetan que en este sentido la Constitución «no dice nada». Otro de los mecanismos incluido en el proyecto otorga amplias facultades a la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público, presidida por la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño.
Además, será potestad de la bicameral revisar los nombramientos efectuados en las once direcciones generales que hoy constituyen la estructura de Gils Carbó.
Según quedó redactado el proyecto, de ser aprobado en las dos Cámaras y sin modificaciones, se dará lugar a la creación de un nuevo Consejo General del Ministerio Público, del que participará el procurador, tres fiscales generales y tres fiscales.
