El juez federal Sebastián Casanello informó hoy que las diputadas del PRO Laura Alonso y Patricia Bullrich «ni presentaron la documentación ni ratificaron la denuncia» por espionaje contra jueces, políticos y periodistas que radicaron este martes, al tiempo que destacó que el listado de damnificados lo conoció a través de «portales» de internet.

En ese sentido, Casanello destacó que «sorprendió muchísimo la difusión pública» que tuvo la presentación realizada por ambas legisladoras opositoras.

«Las denunciantes ni presentaron la documentación ni ratificaron la denuncia. No tuvimos nunca el listado, lo vimos en los portales. Se presentó el escrito tal cual figura en los portales pero sin documentación», remarcó el magistrado.

En declaraciones a radio Vorterix, el juez confirmó que tanto la fiscalía y el personal de su juzgado trabajaron hasta la medianoche y que, «a requerimiento de instrucción» por parte del Ministerio Público «ya ordenamos las primera medidas instructorias y el secreto de sumario».

«La denuncia se hizo cerca del mediodía, se presentó sin mayores precisiones de las que están en las copias que circulan en los portales de internet y sin documentación. Dado el tenor de lo denunciado lo que hicimos fue ponerlo inmediatamente en conocimiento del fiscal para que dictamine», expresó.

«Pasadas un par de horas, empezaron a llamar los periodistas diciendo que tenían la denuncia y un listado. Ese listado era algo que nosotros no teníamos. No tuvimos nunca el listado, lo leímos en los portales», añadió.

Casanello explicó que lo habitual es que quien acusa se presente ante la Cámara, realice la presentación, espere que le digan que juzgado salió sorteado e inmediatamente acuda a ese juzgado para ratificar la denuncia y aportar pruebas.

«En ese caso no sucedió eso a pesar del tenor de la denuncia. No tuvimos la posibilidad de tener la ratificación. No se presentó documentación y no se ratificó la denuncia», señaló.

El juez de la causa señaló que alrededor de la medianoche «el fiscal hizo requerimiento de instrucción, fue entonces que ordenamos las primeras medidas instructorias y el secreto del sumario».

Las diputadas nacionales del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso presentaron denuncias judiciales contra el gobierno nacional por supuesto espionaje ilegal contra jueces, políticos, dirigentes gremiales, periodistas y personalidades de distintos ámbitos.

A cinco días de las elecciones, las legisladoras elevaron a la Justicia una lista de 201 supuestas víctimas del espionaje, en la que figuran los candidatos presidenciales Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Nicolás Del Caño y Adolfo Rodríguez Saá, además de diputados, senadores, jueces y fiscales.

La denuncia advierte sobre la «interceptación» de comunicaciones a quienes «mantienen posiciones críticas o independientes al gobierno nacional y se basan en cuestiones de afinidad y pertenencia política o por sus opiniones».

«Se estuvieron y se están realizando interceptaciones de líneas telefónicas y almacenamiento de datos provenientes Whatsapp, mails, mensajes de texto, en los teléfonos celulares y computadoras», explicaron las legisladoras en un comunicado.

La denuncia de Bullrich quedó a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, mientras que la de Alonso recayó en manos del magistrado Sebastián Casanello.

El Gobierno asegura que «el oficialismo no tiene nada que ver» 

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, descartó hoy que el oficialismo esté involucrado en el espionaje sobre jueces, políticos y periodistas que fuera denunciado por las diputadas del PRO Laura Alonso y Patricia Bullrich.

«El oficialismo no tiene nada que ver. La denuncia tiene inconsistencias importantes, es un invento de los tantos que hicieron estas dos diputadas», manifestó Fernández en declaraciones formuladas a la prensa.

«Roza la inconsistencia. Pregunten a (Mauricio) Macri que es especialista en escuchas ilegales y que está procesado. Las diputadas se olvidan que Macri está procesado por escuchas ilegales. Habría que buscar al especialista», añadió.

El jefe de ministros destacó que desde el gobierno se brindará toda la colaboración para que la Justicia realice las investigaciones correspondientes para determinar la existencia o no de algún delito.

«Todas las dependencias del Estado se pondrán a disposición de la justicia. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que se demuestre que el Estado nada tiene que ver», señaló.