La Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA) no podrán interrumpir la prestación de servicios -por un período de 180 días- a los usuarios que suspendan sus pagos o los realicen con mora, según decretó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

Superado este plazo, ambas empresas deberán implementar planes de facilidades de pago para la cancelación de las deudas que pudieran originarse en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

La medida comenzó a regir el pasado martes 24 de marzo y se mantendrá vigente por los próximos 180 días. El decreto gubernamental destaca además que no están prohibidos los cortes de servicio por razones de seguridad o salubridad.

Los destinatarios de la medida serán quienes perciben asignaciones sociales, seguro de desempleo, monotributistas de régimen social, pensiones no contributivas, jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que perciban remuneración bruta menor o igual a dos veces el salario Mínimo, Vital y Móvil.

Además, los electrodependientes, usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley Nº 26844); y Exentos en el pago del Impuesto Inmobiliario Urbano, también se verán alcanzados por la normativa.

En tanto, las Pymes registradas en MiPyMES; las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INAES; las instituciones de salud, publicas y privadas, afectadas por la emergencia; y las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria, también gozarán de este beneficio impositivo.

Medida de la EPE

La EPE ratificó que suspenderá por tres meses -como mínimo- el corte del suministro eléctrico para “todo tipo de usuario” que no pueda abonar el importe de la factura, mientras dure la cuarentena prevista por la pandemia del coronavirus.

No obstante, apeló a la colaboración y responsabilidad de los usuarios que tienen la posibilidad de pagar la tarifa, ya que la empresa debe garantizar el suministro energético esencial en entidades sanitarias.

La idea fue confirmada en por el interventor de la empresa, Mauricio Caussi, quien precisó que la intención de la empresa es que la medida este vigente, como mínimo, entre tres y seis meses, pero la situación dependerá de cómo avance la pandemia en el país.

Además, sostuvo que la prioridad también está puesta en garantizar el suministro energético en sanatorios y hospitales, como el viejo Hospital Iturraspe de Santa Fe y la unidad modular que se está construyendo en Granadero Baigorria para cubrir las necesidades sanitarias ante la hipotética posibilidad de un brote masivo del virus Covid-19.