Enviado especial a Buenos Aires -El ex titular del Conicet y actual diputado nacional, Roberto Salvarezza, señaló que el Ejecutivo nacional «ignora la función del parlamento en temas que le competen como órgano institucional del Estado» y que el objetivo de la privatización de las frecuencias de ARSAT es «recaudar fondos que algunos estiman en 500 millones de dólares».
El científico señaló a Conclusión que la iniciativa del Gobierno, a través del DNU, va en contra de la legislación vigente en materia de telecomunicaciones, ya que las frecuencias del espectro radioeléctrico que se intentan liberar estaban reservadas a ARSAT a través de la Ley 27208, y que cualquier modificación al respecto requiere expresa autorización del Congreso.
«De esta manera,se omite exprofeso ignorar y apartar de esta decisión al Congreso como ha sido costumbre de este Gobierno», sentenció el ex titular del Conicet. Según Salvarezza, tampoco se advierte ninguna urgencia en la materia que amerite un DNU por parte del ejecutivo.
Roberto Salvarezza
En otro orden, respecto de la iniciativa del oficialismo, el parlamentario apuntó que hay que «ser cuidadoso», porque mientras la Bicameral de seguimiento de Trámites Legislativos no se expida y ambas Cámaras se expidan sobre el asunto, «el decreto guarda vigencia».
El punto central de la conflictividad del tema para Roberto Salvarezza es, entonces, que Macri apela a un DNU para «avanzar con su propósito pasando por encima de la legislación vigente en la materia sin contar con la autorización del Congreso». En este sentido, señalo que la discusión del tema en este ámbito es importante, ya que por ejemplo las provincias podrían estar interesadas en la utilización de las frecuencias que el PEN pretende privatizar».
El diputado del FPV-PJ, sospecha que el «Ejecutivo sólo esta interesado en embolsar una importante suma de dinero en consonancia con otras privatizaciones que intenta llevar adelante desprendiéndose de valiosos bienes del Estado».
Recientemente, los diputados nacional del FPV-PJ elaboraron un pedido de informe al Ejecutivo Nacional para que explique su decisión de «desmantelar Arsat y los riesgos que plantea el DNU 58/2019, que elimina la preferencia de espectro correspondiente a la empresa» y sobre el «incumplimiento del Plan Estratégico Geoestacionario 2015-2035 aprobado por la ley n° 27.208 y la eliminación por Decreto 58/2019 de la reserva preferencial de espectro radioeléctrico de 4G y 3G correspondientes a Arsat».
