El gobierno de la ciudad de Buenos Aires denunció penalmente a los padres de los alumnos que el pasado viernes iniciaron la toma de varias escuelas en reclamo de mejores viandas y en contra de las prácticas laborales obligatorias.
«Estamos denunciando a las familias que están autorizando e ingresando con sus hijos a las escuelas que se toman», anunció la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, este domingo durante una entrevista televisiva con LN+.
En ese marco, la funcionaria advirtió: «Hemos elevado la denuncia correspondiente, porque hay menores de edad en un edificio público. Una vez que se toma una escuela, los padres deben pasar a retirar a sus hijos. Si no los retiran, pasan a ser responsables».
De esta manera, el gobierno porteño decidió denunciar a los padres de los alumnos que están tomando desde el pasado viernes distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires para exigir que se apruebe el proyecto de «Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas», al tiempo que piden que se otorguen «viandas dignas para todo el alumnado».
También sostienen la consigna «No a las Acap (Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores)», que consisten en prácticas laborales obligatorias establecidas por el Ministerio porteño de Educación para los alumnos del último nivel secundario de la ciudad de Buenos Aires, como así también mejoras edilicias y mayor seguridad.
El primer establecimiento educativo en ser tomado por los alumnos fue la escuela Mariano Acosta, pero la medida luego se extendió a otras tres instituciones públicas: la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg, conocida coloquialmente como “Lengüitas”; la Escuela Superior de Educación Artística en Arte Cerámico N°1; y la Escuela de Educación Media Nº1 Federico García Lorca. En ese contexto, otros centros de estudiantes evalúan sumarse a la protesta para acompañar los reclamos.
«Esto es responsabilidad de las familias que autorizan a sus hijos a estar ahí. Ya nos pasó en el 2018. Ese año hubo 40 familias que fueron procesadas en la Justicia porque esto es un delito», acentuó Acuña.
Cabe recordar que desde 2018 está vigente en la ciudad de Buenos Aires un «protocolo antitomas», que establece que el rector debe permanecer en el colegio hasta que todos los padres sean comunicados de la situación para que, en caso de que quieran hacerlo, puedan retirar a sus hijos dela institución.
Al ser consultada por las consecuencias que sufrirán los alumnos protagonizan actualmente las tomas, la ministra de Educación porteña señaló que los mismos «van a tener que recuperar cada día de clases perdido y perderán la posibilidad de participar de otras prácticas educativas; ferias estudiantiles; y salidas pedagógicas».
En la misma línea, la funcionaria desconoció las demandas de los estudiantes y responsabilizó «al kirchnerismo» por el accionar de los alumnos.
