A través de una presentación realizada este martes ante la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno Nacional pidió que se deje sin efecto el fallo dictado el miércoles pasado con el que se ordenó un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), elevándola al 2,95%.

A través de dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno interpuso una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.

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El Gobierno dijo que la Corte, con la cautelar emitida, “excede sus competencias constitucionales” y “afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios”.

“A través del fallo aquí cuestionado, la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales. En el decisorio que aquí se cuestiona, el Alto Tribunal transgrede el sistema republicano de gobierno y la separación de poderes”, sostuvo el Estado Nacional en uno de los escritos.

También afirmó que “la sentencia afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para poder llevar adelante políticas esenciales que corrijan las desigualdades estructurales que existen en las provincias argentinas”.

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El escrito de Zannini advirtió que “la discusión debía centrarse, estrictamente, sobre la cuantía de los recursos (montos, no porcentual de coparticipación) a transferir por el Tesoro de la Nación para cumplir con la compensación (…) de modo de cubrir el costo de los servicios de seguridad no federales traspasados desde la Nación a la Ciudad”.

Pero, alertó, “de los términos de la sentencia surge que ese Alto Tribunal ya ha juzgado, anticipadamente sobre distintos aspectos que hacen al fondo de la disputa” y entonces “ya ha fijado el criterio de que a la CABA le correspondería un porcentaje de la masa coparticipable por los servicios transferidos”.

“El fallo sustrae recursos de la Nación que sustentan prestaciones destinadas a las provincias para destinarlos a la CABA, jurisdicción que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal muy superior, en comparación con las provincias argentinas”, enfatizó el Gobierno nacional.

Y aseveró que “se ha desvirtuado la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, las cuales nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas al dictado de una sentencia definitiva y al resultado práctico que aseguran preventivamente”.

“Lo que la Constitución impone en casos de trasferencia de servicios es la remisión de los recursos necesarios para la atención del gasto; y no la modificación de los coeficientes de coparticipación, como prejuzgó la CSJN”, insistió.

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Las presentaciones formalizadas este martes habían sido anunciadas por el presidente Fernández a través de Twitter, donde escribió: “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”.

En ese marco, reveló la decisión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de transferir bonos TX31 a la Ciudad de Buenos Aires, a la vez que adelantó que había instruido “al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”.

“Además, he ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”, agregó el presidente en la seguidilla de mensajes publicados este lunes.

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“Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”, agregó.

El mensaje de Fernández en Santiago del Estero

Mientras trascendía la presentación judicial del gobierno, el presidente Alberto Fernández publicó una serie de mensajes en sus redes sociales, dando cuenta de algunos ejes que se trataron este martes en la reunión de los Bajos Submeridionales, la cual tuvo lugar en Santiago del Estero.

“Destinamos semejante cantidad de dinero a una ciudad que debate si tiene más subtes y en el norte debaten si tienen más agua. ¿Es razonable que a la ciudad más opulenta de la Argentina predestinemos el dinero que sacamos de la misma fuente de donde salen los recursos para hacer obras en el norte? Estamos convencidos: un país federal no es una declamación. Es una orden de la Constitución Nacional”, manifestó el mandatario.

Y agregó: “Me están pidiendo que mande a 203 km2 la misma cantidad de dinero que necesitan 80 mil km2 en el norte de la Argentina. ¿A quién le puede parecer justo? ¿No es hora de que nos pongamos a pensar un plan de desarrollo para los próximos diez años del norte argentino, que será protagonista de la producción de los bienes que el mundo reclama?”.

“Mientras sea presidente haré todo para que la Argentina sea más igualitaria y más federal, sin ciudadanos de primera y de segunda. Si me tengo que pelear con todos los jueces, lo haré”, concluyó Fernández.

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