Por Aldo Battisacco, desde Buenos Aires (enviado especial)

El diputado nacional por Salta, Pablo Kosiner pidió -el pasado miércoles- en el recinto, incorporar en el temario de la sesión un proyecto en el que establece la intervención del Congreso para autorizar al Gobierno las operatorias de endeudamiento.

El disparador de esta iniciativa fue la emisión de un bono a 100 años por parte del Gobierno, ante lo cual la bancada Justicialista remarcó la necesidad de impulsar de manera urgente el tratamiento.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a finales de marzo de 2017, la deuda externa total sufrió un incremento de casi un 13% respecto a 2015, es decir, que se sumaron 22.048 millones de dólares, el organismo adujo que se debe a la suba de la deuda pública, ya que en el sector privado registró una caída.

Diputado Nacional Pablo Kosiner

Sin embargo, estimaciones no oficiales destacaron que desde enero de este año se aceleró la emisión y en el primer bimestre se colocaron 25 mil millones de dólares. Lo preocupante es que el ingreso de moneda no se utilizó para infraestructura sino para financiar la fuga y propiciar los negocios de los bancos.

Más contundente aún, fue el informe del Observatorio de la Deuda Externa de la UMET, que sostuvo que Argentina se endeudó en 77 mil millones de dólares entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. La cifra equivale al 15 por ciento del Producto Bruto Interno.

La noticia del endeudamiento a 100 años trascendió el Día de la Bandera. El Gobierno había tomado otros 2.750 millones de dólares del mercado internacional con la emisión de un nuevo bono en esa moneda (Global 2117), con vencimiento a una centuria y validando una tasa del 7,91% anual en su colocación. Pero además tomamos conocimiento que los bancos colocadores habían sido el Citigroup (estadounidense) y el  HSBC(anglo-chino), seguidos por el Nomura (de Japón) y el Santander (de España), con una “razonable” comisión equivalente al 0,12% de la emisión (3,3 millones de dólares).

Luego de la sesión del miércoles, el legislador salteño, dialogó con Conclusión y aclaró que se trata de un proyecto que ya tiene media sanción desde hace más de un año en la Cámara de senadores y que fue aprobado por unanimidad”.

Según el parlamentario, el objeto del proyecto “es modificar la Ley de Administración Financiera para que el Congreso no delegue facultades en el Poder Ejecutivo en materia de toma de deuda y que pueda controlar cada una de las operaciones de deuda que toma el Estado nacional”.

Y añadió: “O sea que no solamente sea una aprobación al momento de aprobar el presupuesto sobre el monto de endeudamiento general. Sino que pueda intervenir el Congreso en cada una de los casos particulares aprobando o analizando el monto, la tasa de interés, el plazo de amortización, origen y el objeto para el cual se destinará ese dinero”.

Consultado por Conclusión si esta facultad del Congreso que ya estaba instituida en la Constitución Nacional fue delegada en algún momento, Kosiner respondió que “sí, pero fue alterada por la ley de administración financiera hace mucho casi desde la primera etapa de la democracia”.

Kosiner señaló que se están realizando “operaciones de crédito público sin previa autorización del Congreso nacional”, y en ese marco “hemos visto anunciar una nueva operación de toma de deuda que generó el rechazo de distintos economistas de distinta orientación”.

Preguntado por este medio acerca de porque cree que el oficialismo trabó esta iniciativa en el recinto, el parlamentario del justicialismo dijo que “el gobierno no solo negó recientemente los votos necesarios para abordar la temática y habilitar el tratamiento, sino que además se niega a conformar la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Pública”.

Y abundó aclarando que “cuando aprobaron la ley que le permitió al país salir de default a comienzos del año pasado, que autorizó el pago a los Holdouts, se aprobó en el mismo acto la constitución de la Bicameral encargada de fiscalizar la toma de deuda por parte del Estado, que no se constituyó en el Senado, aunque la cámara de Diputados nombró sus representantes”, y agregó “motivo por el cual pedimos al Sanado que integre la comisión o que en su caso funcione solo con los diputados”.

En ese marco y por la relevancia del sostuvo que “no se puede seguir postergando el tratamiento de este expediente, aprobado el 27 de abril de 2016”, y recordó que su bloque pidió “el pasado 22 de marzo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda el tratamiento del tema”.

Sobre los alcances que tendría la comisión, el congresista describió que sería competencia de la misma “seguir los vencimientos, los cronogramas de pago, cual es la relación existente entre el endeudamiento del estado y su relación con el producto bruto interno de un país”.

Kosiner, graficó que “tomar deuda no es bueno ni malo en sí mismo, ya que puede ser en una etapa de crecimiento donde crece el PBI y es positivo como en cualquier economía, pero el problema es cuando se toma un crédito y el ingreso disminuye, pero para ello es necesario pristinidad y la fiscalización de este tipo de operatorias por parte de una comisión que haga el seguimiento, pero el Gobierno se niega a hacerlo”.

En caso que en un futuro se logre aprobar el proyecto presentado, preguntamos al legislador nacional que grado de incidencia tendría la opinión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda sobre los actos del Ejecutivo, y respondió que “para esto debe aprobarse la modificación de la ley de Administración Financiera y la constitución de la Comisión para que con ambas herramientas el Congreso pueda intervenir en la política de endeudamiento de la República Argentina, porque hay que dejar en claro que es deuda para gastos corrientes y cual para niveles de inversión o infraestructura productiva, no todo es igual”, concluyó.

“No se puede seguir dejando al margen al Congreso de la Nación”, remató el legislador salteño.

El presidente del bloque del Frente Para la Victoria, Héctor Recalde, respaldó “absolutamente” la moción, y pidió “que de una vez por todas se constituya la bicameral que tiene que analizar la complicidades civiles con la dictadura”.