El gobierno dispuso este lunes reforzar los controles sobre los padrones de afiliados a las obras sociales que son beneficiarios del subsidio Subsidio de Mitigación de Asimetrías (Suma), un fondo que compensa diferencias entre las prestadoras del sistema de salud.

La decisión se tomó a través de una resolución de la Superintendencia de Salud, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Según esa medida, antes de que la Afip realice las transferencias de lo recaudado, las obras sociales deberán informar la totalidad del padrón de beneficiarios que están alcanzados por el Suma.

A esto se adita la supuesta intención del Ejecutivo de eliminar el Suma, que complementa la financiación de las obras sociales mediante la distribución automática de fondos.

Ese subsidio contempla el giro automático de fondos desde el Estado nacional a las obras sociales. Según publicó el matutino porteño Clarín, la decisión del gobierno es eliminar el Suma «en un corto plazo», aunque en una primera etapa, que se anunciaría esta semana, sólo avanzaría con el recorte a la mitad.

Desde Casa Rosada sostienen que el plan busca optimizar los recursos en materia de salud en un escenario de urgencia económica.

También, se extreman los controles sobre las personas mayores de 70 años, adherentes de obras sociales que optan por continuar siendo atendidos en ellas y no en el Pami, con el pago de una diferencia.

«La inclusión de los beneficiarios adherentes voluntarios en los universos referidos, concluyó impactando en la información consolidada por este organismo», según el texto oficial.

Además, resaltó que «en atención a que la ausencia de cotizaciones por parte de dicha población conforme imperativo legal, ha imposibilitado a esta Superintendencia la verificación de los beneficiarios adherentes voluntarios consignados en los padrones de los Agentes del Seguro de Salud».

Para el Gobierno, esta decisión apunta a resolver «el desequilibrio provocado por la situación descripta, y a fin de salvaguardar los principios rectores del Sistema».

Estos cambios llegan en un momento de creciente tensión entre el gobierno y el arco sindical, con la reforma laboral trabada en el Senado y una embestida oficial, luego de la aparición de algunos gremialistas implicados en casos de corrupción y encarcelados.

También se busca desviar el foco de atención del ministro Jorge Triaca, a quien alcanzó la polémica esta semana por la irregular contratación, maltrato y despido a una empleada suya, que tenía en negro y había ubicado en un sindicato intervenido.