El Ministerio de Seguridad presentó hoy en la Justicia una denuncia para que se investigue a quienes «instigan en las redes sociales a realizar, durante el mes de diciembre, saqueos, disturbios y diferentes planes de desestabilización contra el gobierno nacional», aunque le apuntó directamente a un militante kirchnerista.
Según se informó, la acción de la cartera encabezada por Patricia Bullrich surge a partir del relevamiento efectuado por personal de la Policía Federal, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Ministerio de Seguridad, que logró detectar a «distintos grupos que promovían conductas delictivas y la desestabilización del Gobierno» a través de las redes sociales.
Sin embargo, en la presentación se mencionó con nombre y apellido al militante kirchnerista de la agrupación MILES, Pablo Chamorro, a quien pidió investigar.
La denuncia, efectuada a través del subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, Guillermo Soares Gache, fue entregada este miércoles en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini.
En ella se advierte que por intermedio de la línea del 0800 del Ministerio se recibieron, en los meses de noviembre y diciembre, «una importante cantidad de denuncias referidas a posibles saqueos y planes de desestabilización del gobierno actual».
El Ministerio indicó que tanto la Policía Federal, como la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y personal de comunicaciones de la cartera realizaron «un relevamiento de las redes sociales logrando detectar distintos grupos con idénticas conductas delictivas, esto es promoviendo los saqueos y la desestabilización».
La presentación señaló que los hechos denunciados se encuadran en la figura del artículo 212 del Código Penal, en el cual se sanciona a quien «públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación» y el artículo 209, que establece la pena para quien «públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución».
«El tipo penal no establece ninguna limitación sobre los medios que pueden utilizarse para su comisión. Por lo tanto, pueden ser escritos, verbales, por la prensa o Internet (redes sociales en general). La única limitación que se establece es que debe ser pública y dirigida a un grupo indeterminado de personas, aunque no se haya logrado ese conocimiento en concreto», indicó el Ministerio en su denuncia.
Y agregó que en este caso «la instigación es clara, determinada y revela la intención de cometer un delito, independientemente de todo resultado», es decir que «tiene trascendencia a terceros indeterminados con la mera incitación pública».
«Se trata de acciones determinadas, es decir precisas o circunstanciadas que hacen referencia a una persona o institución individualizada, que puede ser el Estado», apuntó el Ministerio y advirtió que «es importante tener en cuenta que se habla nada más ni nada menos que de acciones que atentan contra la tranquilidad pública».
Pero, además, la cartera que conduce Bullrich consideró que también se podría endilgar a los autores «el delito de asociación ilícita», teniendo en cuenta que las tareas de inteligencia determinaron que «a través de las redes sociales conformaron diversos grupos tendientes a desestabilizar al gobierno actual (…), sin que puede descartarse, teniendo en cuenta las similitudes que presentan las diversas publicaciones, que estén vinculados entre sí o tengan un único objetivo que estén direccionando de manera conjunta».
