El Gobierno advirtió hoy que en la OEA se dio lugar a «una operación político-mediática para interferir el proceso electoral» del próximo domingo, al haber aceptado realizar, 48 horas antes de los comicios, una audiencia reclamada por ONG´s argentinas que denunciaron una presunta ingerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. En una declaración que leyó en la Sala de Conferencias de la Casa Rosada, el canciller Héctor Timerman aludió a la audiencia que se realizó este viernes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que está bajo la órbita de la OEA.

Allí, finalmente se trató una denuncia que planteó un grupo de ONG´s argentinas, pese a un pedido del Gobierno en sentido contrario, al advertir sobre las «implicancias negativas que la OEA trate un tema que forma parte del debate electoral a 48 horas de las elecciones nacionales».

Por eso, el Estado argentino finalmente no envió un representante a la audiencia, ante la negativa de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) de «postergar unos días la realización» del encuentro.  Las organizaciones que hicieron la denuncia contra el gobierno fueron Poder Ciudadano, Asociación por los Derechos Civiles, Unidos por la Justicia y CIPPEC, a las que Timerman vinculó con dirigentes de partidos opositores.

Estas ONG´s llamaron la atención durante la audiencia sobre la «frágil situación de independencia del Poder judicial» argentino e hicieron hincapié en «la crisis del sistema de designación de jueces federales y nacionales, la parálisis del Consejo de la Magistratura y la proliferación de jueces subrogantes».

«El Gobierno argentino denuncia que dicha audiencia fue una burda operación político-mediática para interferir en el proceso electoral argentino orquestada por sectores vinculados a la oposición y al Grupo Clarín», advirtió el canciller Héctor Timerman, en su contacto con periodistas en la Rosada, junto al ministro de Justicia, Julio Alak.

Al respecto, recordó que «hace más de un mes» la embajadora ante la OEA, Nilda Garré, se comunicó con el secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para explicarle «las implicancias negativas que la OEA trate un tema que forma parte del debate electoral a 48 horas de las elecciones nacionales».

«Es preocupante si los miembros de la Comisión no se han percatado de la clara direccionalidad política de las asociaciones peticionantes. Sería muy grave si la Comisión decidió a sabiendas igualmente participar de la operación mediática contra el gobierno argentino», se quejó el funcionario.

Por su parte, Alak sostuvo que lo que sucedió en la audiencia en la OEA «es una forma encubierta de violación del Código Electoral, en momentos de veda, para impactar negativamente en la

opinión pública sobre el accionar de nuestro Gobierno».    Al respecto, adelantó que el Estado acudirá a la Justicia Federal con competencia electoral «a los fines de que investigue si los argumentos por los cuales se convocó a la audiencia eran de urgencia y merecían ser tratados dos días antes de que los argentinos se expresen en las urnas, o se trató de una planificación para violar desde el exterior la veda que rige al proceso electoral argentino».

A la vez, Timerman insistió que «todos los solicitantes de la referida audiencia actúan como voceros de operadores políticos con intereses concretos en la elección del domingo 25».    Al respecto, afirmó que la diputada por el PRO, Laura Alonso, «fue directora ejecutiva de Poder Ciudadano inmediatamente antes de postularse como candidata», mientras que Germán Garavano, director de Unidos por la Justicia, «es referente del mismo partido político», y otro integrante de esa ONG, Álvaro Herrero, es «asesor del candidato opositor Sergio Massa».