El Estado pedirá disculpas a víctima de violencia de género que no recibió protección cuando la pidió

Por primera vez, el Estado argentino pedirá disculpas públicas a una sobreviviente de un intento de femicidio por no haberle dado protección cuando denunció a su marido, que la maltrató y hostigó durante años. Así, este jueves a las 11, asumirá su responsabilidad ante los organismos internacionales en un acto público en el que estará presente la denunciante, Olga del Rosario Díaz y varios funcionarios.

Olga es jubilada y hace casi cuatro años pudo haber sido también una víctima de femicidio, cuando su marido –y padre de sus cuatro hijos– la atacó y le hizo varios cortes en el cuerpo, el más grave en el cuello. Olga lo había denunciado por violencia de género varias veces pero la Justicia nunca llegó a dictar las medidas de protección que ella reclamaba y necesitaba. Se salvó de milagro. Estuvo 45 días en terapia intensiva y tuvo dos meses de rehabilitación. Por el intento de femicidio su marido fue condenado a 20 años de prisión y está en la cárcel.

El acto erá coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la participación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), y es parte del acuerdo de solución amistosa alcanzado con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW)  a partir de una presentación de la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.

Del evento participarán el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, además de la propia Olga y Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, titular del organismo que representó a la víctima ante el Cedaw. También fueron invitadas a participar del acto público de desagravio, las máximas autoridades de cada uno de los organismos firmantes del acuerdo: el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Cancillería.

Se llega a esta instancia luego de que el 23 de octubre de 2019 se firmara el Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado nacional y la Defensoría General de la Nación, que incluyó el reconocimiento estatal de que el tratamiento judicial dado al caso no tuvo en cuenta los tratados internacionales de Derechos Humanos y, en especial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer.

El Acuerdo, que fue aprobado el 17 de agosto de 2020 mediante el Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 679, prevé además la adopción por parte del Estado de “medidas de no repetición”, destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia por motivos de género, como la capacitación a jueces y personal policial. Otro de los puntos es la creación de un Registro Público de magistrados y magistradas denunciados por situaciones vinculadas a violencia de género, que, como te conté, ya se hizo efectiva el 8 de marzo por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación.

El relato de Olga del calvario vivido incluye momentos que estremecen. Uno de ellos fue cuando el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 85 de la ciudad de Buenos Aires recibió la denuncia que ella había hecho en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema. Allí, delante suyo, llamaron por teléfono a su esposo para plantearle que tenían que hacer una mediación. Aunque en la OVD ella había pedido una orden perimetral, la expulsión de él del hogar –ella se había tenido que  mudar a la casa de una hija por el contexto de violencia—y un botón antipánico. “Pobre hombre, hacerle esto a su edad…” le dijeron en el Juzgado.

El acto será transmitido a través youtube.com/sdhargentina