El Poder Ejecutivo envió al Congreso el adelanto del Presupuesto 2021, el primero de la gestión de Alberto Fernández tras haber prorrogado la ley de gastos y recursos de 2019, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri.
El documento que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. tiene como objetivos principales, lograr “una estructura productiva distinta, cambiando la matriz de producción y de generación de valor agregado actual”; “aumentar el empleo y fortalecer la inclusión y generación de oportunidades”; e impulsar “una intervención activa y multidimensional por parte del Estado”; y “lograr una mayor coordinación y cooperación en el marco de un diálogo social plural y democrático”.
Otro de los puntos que se destacan como respuesta destaca que como alternativa a la crisis se buscará “consolidar la construcción de un modelo de desarrollo económico inclusivo y sustentable que logre potenciar las capacidades productivas, la utilización de la mano de obra bajo condiciones de trabajo dignas y con derechos y, así, mejorar la condición de vida de todos los habitantes”.
Respecto de los lineamientos generales por área, el Ejecutivo anticipó que “la política monetaria y cambiaria seguirá persiguiendo los objetivos de estabilidad de precios y reactivación productiva a través de una administración de la estructura de tasas de interés, una regulación prudencial del mercado de cambios y una trayectoria del tipo de cambio tales que no se generen presiones en el mercado cambiario y el costo de financiamiento para el aparato productivo permita sostener un crecimiento sostenido de la inversión privada”.
La política tributaria, “durante 2021 se avanzará sobre la consolidación de un sistema tributario más progresivo y al servicio de la inversión productiva”, y un «especial impulso a las mipymes”.
También tiene previsto que se realizarán “medidas de inversión en infraestructura y promoción del turismo” y se buscará “asegurar el abastecimiento energético y garantizar a toda la población el acceso equitativo, confiable, asequible y sostenible a la energía”.
En relación al sector pecuario el escrito consigna que “se profundizarán las acciones destinadas a impulsar la producción y productividad en su conjunto de los sectores agrícola, ganadero, lechero, pesquero y forestal, conservando la biodiversidad y mejorando la calidad de los recursos naturales”.
Otro de los items que responde a la agenda federal expone que “se dará especial atención a la reactivación de la obra pública a nivel federal” ya que “el punto de partida es realmente pobre”, señala el documento.
En el ámbito de la salud, entre otras medidas post-pandemia “se impulsará el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, a partir de asegurar la provisión de vacunas para toda la población, con el cumplimiento del calendario de vacunación y la cobertura en todo el país”.
En otro orden, el Ejecutivo apunta a “recuperar la inversión en educación” y a promover “una mirada federal de la política de seguridad, que optimice las capacidades operativas de las fuerzas policiales y de seguridad federales”.
En otro pasaje del avance de Presupuesto 2021, se indica que el Gobierno espera que la Tarjeta Alimentar alcance una cobertura de más de 2 millones de personas.
El documento remitido al Congreso nacional traza un panorama de los efectos económicos de la expansión del coronavirus y en ese sentido informa que todos los sectores relevados por el INDEC “registraron caídas interanuales”: la industria (-15,5%), la construcción (-46,5%), el comercio (-11,2%), el transporte y las comunicaciones (-14,8%).
En ese marco, “todos los sectores de la economía vieron reducido su nivel de empleo en marzo con relación a febrero”.
Para atender esta coyuntura, el Ejecutivo lanzó medidas como el IFE (Ingreso Federal de Emergencia) y el Programa ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo), entre otras. En suma, al mes de junio, el Estado volcó recursos directos e indirectos a la economía “por cerca de 1,4 billones de pesos, equivalentes al 5% del PBI”.
En particular, las primeras dos rondas de ATP implicaron un esfuerzo fiscal de 92.000 millones de pesos solo en concepto de salario complementario, beneficiando a 310.000 empresas empleadoras de 2,8 millones de trabajadores y trabajadores, de las cuales el 99,5% fueron pymes.
En cuanto al IFE, que consiste en una transferencia de 10.000 pesos, benefició a casi 9 millones de trabajadores informales y desempleados, y “evitó que entre 2,7 y 4,6 millones de personas cayeran en la pobreza y la indigencia”, según indica el documento enviado al Congreso.
También se detalla que la preparación del sistema de salud para el pico de contagios de Covid-19 demandó cerca de 78.250 millones de pesos en total, por la reducción de la carga impositiva al sector; y la ampliación del presupuesto del PAMI (9.700 millones) y el Ministerio de Salud (6.800 millones), entre otras dependencias.
Complementariamente, se dispuso la construcción de hospitales modulares de emergencia por 8.000 millones de pesos y se redujeron los derechos de importación de insumos críticos (3.300 millones).
Según se indica, “en base a las últimas proyecciones publicadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y el FMI, la recesión global será la más profunda desde la gran depresión en 1930”.
“La última publicación de proyecciones de la OCDE indica que la economía mundial podría experimentar una caída de entre 6% y 7,7%”, y el Banco Mundial pronostica que “la actividad económica global retrocederá 5,2% en 2020”.
