El Banco Nación perdió un 37% de su patrimonio neto desde que asumió Javier González Fraga

La legisladora Fernanda Vallejos pidió la interpelación de Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, la iniciativa apunta a que se presente en la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados con el fin de que “explique, informe y envíe información de manera documentada respecto de las operaciones de financiamiento del Estado Nacional entre 2015 y 2019, y en especial a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 668/2019, que obliga a entidades autárquicas del Estado a financiar al Tesoro Nacional”.

El proyecto de resolución ingresó hoy al Congreso y contó con las firmas de los diputados Jorge Romero, Ana Llanos, Alicia Soraire, Inés Lotto, Roberto Salvarezza, Silvina Frana y José Ciampini.

En el texto, Vallejos, en su condición de vicepresidenta 1° de la comisión de Finanzas, solicitó también que el funcionario “envíe toda la documentación pertinente sobre la situación financiera, y la información detallada del Estado de Resultados y los últimos Balances en forma trimestral de los últimos cuatro años” del banco público. Asimismo, que “envíe los análisis técnicos del Banco para justificar la solvencia y liquidez de la entidad financiera conforme las leyes de Entidades Financieras N° 21.526 y Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina N° 24.144 y del Banco Nación, N° 21.799”.

Esta convocatoria se produjo a partir de un informe de Proyecto Económico. “Es de destacar el fuerte deterioro del balance del Banco Nación desde la asunción de su actual presidente, Javier González Fraga. El patrimonio de la institución se licuó un 37% en términos reales desde diciembre de 2016, mientras que el activo lo hizo en 28%”, precisó el equipo técnico que conduce Vallejos.

“En la composición de la cartera del banco, encontramos que ha disminuido sistemáticamente la participación de los créditos al sector privado, mientras que los mismos se han dirigido crecientemente al consumo”, sostiene el informe. “La irregularidad de la cartera destinada al sector privado pasó de ser el 1,09% en diciembre de 2017, a 3,89% en la actualidad”, añade.

“El Banco Nación ha resultado ser un ejecutor de políticas monetarias, rol que no le compete, pagando tasas pasivas por encima del resto de las instituciones del sistema de forma sistemática y creciente a partir de 2018”, completa el estudio.

En junio, la diputada también había citado al titular del Banco Nación, para que asista al plenario de la cámara con un propósito similar: explicar la situación financiera y los últimos tres balances del banco. No hubo respuesta de González Fraga a dicho llamado.

El directorio del Banco Nación aprobó un préstamo de 30.000 millones de pesos para financiar al gobierno nacional, frente a los pagos de vencimientos de deuda con acreedores privados, y ante la imposibilidad de poder acceder a los mercados externos. Esta toma de deuda se hizo oficial ayer a través de la publicación de la Resolución Conjunta 68/2019 del Boletín Oficial. “Tal importe representa el 2,48% del activo del banco”, detalló Proyecto Económico.

El gobierno también se financió mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Colocó 2.000 millones en Letras del Tesoro en pesos y 175,5 millones en Letras del Tesoro en dólares. Fue mediante la resolución 69/2019, también publicada ayer y con idéntico propósito de afrontar vencimientos de deuda.

En su anterior paso por la función pública, González Fraga fue presidente del Banco Central de julio a noviembre de 1989 y de junio de 1990 a enero de 1991. Durante su paso por el Banco Central, impulsó una política de tipo de cambio libre y flotante que desató los episodios hiperinflacionarios que antecedieron a la convertibilidad. Además disolvió el Centro de Estudios Penales del BCRA, dedicado a investigar y prevenir los delitos financieros, mientras que también modificó la normativa para el control del lavado de dinero, algo que resultó muy sugestivo ya que fue investigado por la lavado de dinero procedente de los carteles colombianos de la droga y del General Noriega en Panamá, por la jueza Servini de Cubría por operaciones del año 1988, las mismas que le valieron la denuncia, en el año 2001, de la actual diputada Elisa Carrió, que entonces presidía la comisión de Lavado de Dinero.