La reforma tributaria que el gobierno nacional impulsa tiene viento de cola en el Congreso de la Nación y el oficialismo intentará aprobarla antes de que termine el año. En su paso por la Cámara de Diputados para explicar el proyecto, el ministro de Economía Nicolás Dujovne, afirmó que el costo de la reforma es equivalente al 1,5% del PBI, lo que se espera suplir con “más actividad económica y más empleo” y con el ahorro de entre 75 mil y 100 mil millones de pesos (según quien lo calcule) en jubilaciones, pensiones, asignaciones universales y por embarazo que le proporcionará la reforma previsional (medio punto del PBI). «Tenemos un sistema tributario que es inequitativo, limita la creación de empleo e impide el desarrollo», defendió el ministro.
Ese es el plan de gobierno, pero puede fallar, como fallaron el segundo semestre y los brotes verdes. La diferencia es que esta vez si las metas no se cumplieran, se desfinanciará más aún el Estado, y en particular la seguridad social. Quedará un mayor agujero fiscal, a contramano del plan oficial que promueve eliminar el déficit en 5 años.
La reforma tributaria
La reforma tributaria reduce la tasa corporativa del impuesto a las Ganancias (mientras éstas no se distribuyan) de 35 a 25% en 2020, unifica alícuota de aportes patronales (reduce para grandes empresas y sube para pymes), exceptúa de contribuciones patronales los primeros 12 mil pesos de cada salario (será progresivo en 5 años), elimina subsidios en zonas geográficas del interior del país, habilita la devolución anticipada de IVA para inversiones, reemplaza el impuesto a la transferencia de inmuebles por un 15% de impuesto a la ganancia de capital en esas transacciones, se genera un impuesto a rentas financieras, entro otras.
La reforma tributaria agranda el déficit fiscal al ceder recaudación al sector privado. Por eso el gobierno recurre a ajustes y recortes, algunos más gruesos, como los 100 mil millones resultantes del cambio a la baja de la fórmula de cálculo de jubilaciones, la eliminación de subsidios y aumento de tarifas y otros “simbólicos” como la baja de cargos políticos en el Estado nacional.
“La fórmula de las jubilaciones tenía que cambiar sí o sí porque no van a estar más impuestos que financiaban el sistema. Entonces había que modificarla y adecuarla a esa realidad”, explicó el presidente provisional del Senado Federico Pinedo tras la media sanción de la reforma previsional en el Senado. Diputados la convertiría en ley la semana próxima.
Las dudas
Volviendo a la reforma tributaria uno de los aspectos que genera dudas es el impacto en la coparticipación que reciben las provincias. En el caso de Santa Fe, el ministro Gonzalo Saglione aclaró: “Los gobernadores discutieron con el gobierno el Consenso Fiscal, pero no de la reforma tributaria. No sólo no estamos en esa mesa de negociación sino que entre las provincias no estamos hablando del tema. Por ejemplo, ni siquiera tenemos simulaciones del comportamiento de la coparticipación si se aplicase la reforma. Si el Estado nacional modifica Ganancias, IVA y hace otras desgravaciones los números pueden cambiar. Creemos que una reforma así debería discutirse con más tiempo”.
Hay otro aspecto que esgrimen quienes votarán en contra de la reforma. “El gobierno dice que hace esto para generar inversiones, actividad y empleo. Nosotros creemos que profundiza los problemas porque beneficia a los sectores más concentrados de la economía. Y que la reactivación vendrá el día que convenga producir en lugar de invertir en tasas de interés altísimas”, sintetizó el diputado del Frente Renovador Alejandro Grandinetti, tras cruzarse con el ministro por el artículo 23 que refiere a ganancias de las mutuales.
La variable política
Los gobernadores tienen poco margen para mandar votar en contra después de haber negociado el Consenso Fiscal, cuyo texto firmado por todos dedica un párrafo al cambio de la fórmula jubilatoria (aunque sin detalles) y les asegura el financiamiento del rojo de las cajas provinciales no transferidas.
El 30 de noviembre cuando la Cámara alta dio media sanción a la reforma previsional, los senadores del PJ cercanos a gobernadores votaron a favor y los “sueltos lo hicieron a conciencia”. Este último es el caso de Omar Perotti: “Inexplicable lo de Perotti. Está a favor del consenso fiscal y la Responsabilidad y fiscal y en contra de la reforma previsional. Jugó para la tribuna, porque todo es parte de un mismo paquete”, disparaban funcionarios y senadores de Cambiemos.
Todo indica que el gobierno tendrá su paquete de reformas aprobado antes de fin de año, salvo la laboral. Entonces comenzará a correr el reloj en su contra: por un lado recibirá menos ingresos fruto de las desgravaciones impositivas, por el otro debería generarse mayor recaudación por “el círculo virtuoso de las reformas”. Si ambos factores no calzan, el resultado será más rojo y más deuda.
“Problema gigantesco”
El economista Sergio Arelovich es uno de los que advierte sobre la magnitud del problema. Conceptualmente no acuerda con las reformas y además advierte que el ahorro que pretende el gobierno es insignificante en relación a los compromisos que tiene en 2018.
“El año que viene los gastos del Estado, previo pago de intereses de deuda, son alrededor de 2,5 billones de pesos. Deberá pagar intereses por 405.000 millones. Además vence deuda por el equivalente de alrededor de 1,4 billón de pesos (en distintas monedas). Eso implica un gasto total en torno a 4,5 billones de pesos al año. Si vamos a los recursos que el gobierno prevé capturar en el año, son 2,2 billones. Queda entonces un agujero de unos 2 billones de deuda. Tenemos que preguntarnos de donde va a salir ese dinero, y la respuesta es con nueva deuda. El problema es gigantesco, porque cualquier situación del mercado que te recorte la capacidad de refinanciar o tomar nueva deuda te vuelve muy vulnerable”.
Arelovich recuerda que entre vencimientos de intereses y capital, los gastos de deuda ya representan el 40% del presupuesto. “El problema no empezó ahora, pero este gobierno lo que sí hizo fue tomar mucha deuda con vencimiento muy cortos”, explica.
El profesor de la UNR y asesor de sindicatos nacionales y locales indica que en ese contexto de gastos, el pago de la seguridad social (jubilaciones, pensiones, AUH, veteranos, etc) implica unos 900.000 millones en 2018. “Recortar 75.000 o 100.000 millones como se prevé con la reforma previsional no cambia nada. En lugar de tener que conseguir financiamiento por 2 billones vas a necesitar 1,9”, sostiene en relación al cambio de fórmula de haberes que significará aumentos más bajos para los beneficiarios.
