La audiencia pública virtual para considerar los ajustes tarifarios de los servicios de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur se realiza este viernes desde las 8.30, con la participación de 63 expositores.
La convocatoria del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se completará el lunes 29 de enero con una segunda audiencia en la que se analizarán los pedidos de las transportadoras de todo el país, ya que fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) los servicios de distribución son de jurisdicción provincial.
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Edenor y Edesur presentarán sus propuestas de «readecuación de ingresos» previas a la implementación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) por parte de la Secretaría de Energía, y ya reclamaron la aplicación de un mecanismo de actualización mensual «en un contexto inflacionario como el existente».
En la primera audiencia del viernes, en un procedimiento similar a la convocada el 8 de enero por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, presentará el estado de situación del sector eléctrico y podría avanzar -tal como en aquella ocasión- en un esquema de reducción gradual de los subsidios a las generadoras del sistema.
En ambos casos -gas y energía eléctrica- Energía prevé modificar los criterios de segmentación tarifaria por niveles de ingresos con la elaboración de una Canasta Básica Energética, que pasará a emplearse en lugar del equivalente a 3,5 veces la Canasta Básica Total que elabora periódicamente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Rodríguez Chirillo será el primer orador luego de la presentación a cargo del interventor del ENRE, Darío Arrué, y luego intervendrán los representantes de Edenor, Guido Hernández, y de Edesur, Jorge Lemos.
Los tres serán los únicos con un tiempo de intervención de 20 minutos cada uno, ya que los 26 representantes de personas jurídicas dispondrán de un máximo de 10 minutos, en tanto los 34 particulares interesados contarán con no más de cinco minutos.
Si se cumpliesen los plazos establecidos y no hubiera ausencias, la audiencia tendrá una duración de más de seis horas.
Del resto de los expositores se destaca la presencia de cuatro intendentes, todos enrolados en Unión por la Patria: dos del área de concesión de Edesur (Fernando Gray de Esteban Echeverría y Mayra Mendoza de Quilmes) y dos de la de Edenor (Fernando Moreira de San Martín y Julio Zamora de Tigre).
También está inscripto el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y sólo un diputado nacional, Gabriel Solano (FIT-U).
Entre las entidades empresarias vinculadas con el sector energético figuran representantes de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera), Transportistas (Ateera), Grandes Usuarios (Agueera), Distribuidores (Adeera) y la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), además del especialista en energía de la Unión Industrial Argentina (UIA), Alberto Calsiano.
De las presentaciones de Edenor y Edesur no surge un pedido concreto de incremento en la porción correspondiente al valor de distribución, sino que cada empresa detalla la necesidad de «readecuación de ingresos» por los atrasos tarifarios.
Edenor indicó que «es necesaria una readecuación de ingresos, previamente al cumplimiento de la revisión tarifaria integral pendiente de realización», y al respecto señaló que «los requerimientos anuales de estos conceptos de Valor Agregado de Distribución (VAD), valuados en pesos de diciembre 2023, adicionales a los percibidos actualmente, ascienden a $ 521.303 millones a los efectos de cubrir el déficit».
Por su parte, Edesur consideró un requerimiento de ingresos de «al menos 330.000 millones de pesos adicionales a los actualmente percibidos en concepto de CPD (Costo Propio de Distribución», también al 31 de diciembre de 2023 y con «una actualización mensual».
También Edenor solicitó «el reconocimiento de la totalidad de los créditos» que la compañía «posee en contra de la Administración Pública Nacional producto del congelamiento tarifario que data de 2019 y por la falta de compensaciones por ajustes», y cuyo monto indicó que «asciende al 31 de octubre de 2023 a $ 1.154.000 millones».
«En un contexto inflacionario como el existente y para que la tarifa pueda cubrir los costos del servicio de modo que los ingresos no se tornen insuficiente para brindar el servicio en condiciones de calidad requerida, se solicita que la tarifa de transición resultante del presente proceso se ajuste mensualmente y en forma automática», planteó Edenor.
En el mismo sentido se expresó Edesur, que sostuvo que «por simple lógica» y para que el pedido tenga validez, «en un contexto de alta inflación en los sucesivos meses debe necesariamente estar acompañada de una forma de actualización que mantenga los ingresos en términos reales frente a las variaciones de costos que no pueden ser calculados en esta instancia».
El factor de distribución es uno de los tres componentes de la tarifa final junto con los de generación y transporte, además de la carga tributaria representada por los impuestos y tasas de la Nación, las provincias y los municipios.
Los subsidios están concentrados en el área de generación y es en ese punto que se espera la definición de la Secretaría de Energía, mientras que el rubro Transporte será tema de discusión de la audiencia pública del lunes 29.
