Casi 5 de cada 10 hogares situados en los barrios más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron déficit de conectividad en internet, además de falta de computadoras, durante el año pasado, en contexto de pandemia, según un informe de la Defensoría del Pueblo local y el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), difundido este martes.
El estudio, «Efectos sociales del escenario Covid-19 en las comunas y villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», fue elaborado a partir de datos de la Encuesta de la Deuda Social del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, y «analiza el impacto del escenario por coronavirus sobre la calidad de vida de los hogares, los déficit en la salud, el endeudamiento, la valoración de la democracia, la conectividad de los hogares y la inclusión financiera de los mismos».
Cabe recordar que en enero de 2020, la SIGEN descubrió un capítulo más del desinterés del macrismo por la educación, al detectar más de 100 mil netbooks compradas por el Estado en 2016 pero que el gobierno de Cambiemos decidió acumular y no dárselas a los pibes. Debían ser entregados en el marco de distintos programas educativos.
Uno de los informes, que presenta los datos sobre la dimensión analítica referida al acceso digital de los hogares, entre los años 2017 y 2019 y en el impacto del 2020, en el contexto de pandemia por coronavirus, afirma que «casi 5 de cada 10 hogares en barrios más vulnerables de la Ciudad tuvieron déficit en el acceso a la conectividad en internet y de computadoras durante el año pasado; y 3 de cada 10 sufrieron iguales dificultades en barrios del sur porteño».
Según datos precisados, un 43,8 % de hogares de villas de la Ciudad no contó con computadora en el 2020, y en las comunas de la zona sur ese porcentaje disminuyó en un 27,3%, y baja al 9,6% en viviendas de comunas de zona norte.
A su vez, un 45,9% de hogares en las villas no contaron con servicio de internet en el 2020; igual impedimento tuvieron barrios de la zona sur, en un 28,8%, mientras que solo un 3,1% de hogares en comunas de la zona norte porteña padeció este problema.
El documento destaca que la brecha digital se repite cuando se la analiza en relación al nivel educativo de los jefes y jefas de hogares, «siendo inexistente en los hogares con nivel educativo alto y del 40% en los hogares cuyos jefes tienen el menor nivel educativo de la escala».
Por su parte, el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, explicó que «el servicio de internet en las villas es más caro y de mala calidad».
«La conectividad es uno de los temas centrales del informe, y según nuestros propios monitoreos en villas, la provisión del servicio internet allí es de mala calidad, por la propia fisionomía de los lugares que restan fluidez y estabilidad de conexiones», afirmó el funcionario.
Las dos alternativas más usuales para obtener conectividad, según refirió Amor, son a través de cooperativas o pequeñas empresas o de la utilización de datos a través del celular.
«La otra alternativa es a través del uso de datos del celular y es más costosa porque el nivel de ingresos es inferior en estos barrios y el impacto es más grande», añadió.
El titular de la Defensoría refirió que luego de un amparo judicial interpuesto el año pasado por esa dependencia contra el Gobierno porteño, en reclamo de una mejora en ambas problemáticas (internet y computadoras) que se agravó en el contexto de pandemia, «el Gobierno local avanzó en la provisión de computadoras y tablets».
Sin embargo, se continúa trabajando sobre el ítem conectividad, debido a que fue revocado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, «pero estamos pidiendo una nueva reunión con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y el Gobierno porteño para que se pueda trabajar sobre este tema central».
El material encontrado en enero de 2020 fue adquirido entre 2016 y 2017 -bajo gestión de Macri- por la empresa pública Educar SE, y debían ser entregado en el marco de los programas “Escuelas del Futuro”, “Aprender Conectados (ex Conectar Igualdad)”, “Aulas Digitales”, y “Primaria Digital”. Los técnicos de la SIGEN sostuvieron que, dado que el material ya tiene entre 3 y 4 años de antigüedad, corre el riesgo de ser ya obsoleto, lo cual agravaría aún más el cuadro, ya que a la desidia le agregaría dilapidación de recursos del Estado.
