El decreto nacional Nº 131/2022 oficializado el pasado 18 de marzo que impuso el incremento a los derechos de exportación de la harina y aceite de soja en un 31 y 33 por ciento, respectivamente, y también al biodiésel, levantó polvareda en sectores del agro y tuvo su réplica en la dirigencia política santafesina.

Más allá de las reacciones oficiales, con el viaje del gobernador Omar Perotti a Casa Rosada y la búsqueda de contener y dar algún paliativo a productores a través del programa «Santa Fe Siembra Más», un comunicado conjunto de varios partidos de la oposición provincial llamó la atención por algunas adhesiones y ausencias.

>> Te puede interesar: Santa Fe lanzó medidas paliativas por la suba de retenciones dispuesta por Nación

Es que por primera vez de manera formal quedó por un lado el Partido Socialista, el cual se expidió a través de un comunicado al respecto por su participación en el interbloque Consenso Federal que recibió a la Mesa de Enlace durante su visita al Congreso esta semana, mientras que la mayoría de los demás integrantes del Frente Progresista Cívico y Social en Santa Fe lo hicieron en forma conjunta con el PRO.

Si bien ambas partes coincidieron en que la medida del Poder Ejecutivo nacional es “inconstitucional”, no deja de mostrar -nuevamente, no ya desde la especulación sino desde un documento formal- signos de los movimientos que se dan dentro del Frente y cuál podría ser su futuro de cara a 2023, en lo que en potencia es aún el intento de armar una nueva coalición que aglutine voluntades contra el actual oficialismo.

El comunicado, en el que no participó el Partido Socialista, fue emitido y firmado por: Mariano Roca, presidente del espacio político Creo fundado por Pablo Javkin; Gabriel Real, diputado provincial del Partido Demócrata Progresista (PDP); Lucila Lehmann, ex diputada provincial de Santa Fe por la Coalición Cívica-Ari que respondía a Elisa Carrió; Carlos Fascendini, referente de la Unión Cívica Radical (UCR) y ex vice gobernador de la provincia durante el mandato del fallecido Miguel Lifschitz; y Cristian Cunha, presidente del PRO en la provincia.

“Un país serio, que garantice la calidad de vida de todos sus habitantes, solo puede construirse con el crecimiento de la economía impulsado por la producción, el trabajo, la exportación que permita el ingreso de divisas y un mercado potente con capacidad para acceder a bienes y servicios (…)”, señala el escrito emitido por los máximos referentes de los distintos arcos políticos que integran el Frente sumado al PRO.

>> Te puede interesar: Juntos por el Cambio se encolumna con la Mesa de Enlace: «Coincidimos en un modelo de país»

Cabe mencionar que la medida del gobierno nacional fue dictada con efecto «temporal» hasta el 31/12/2022, para dar «previsibilidad a los productores agropecuarios” y además que incluye la creación de un Fondo  de Estabilización del trigo.  Todo lo definido por el Poder Ejecutivo fue explicado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, durante una conferencia de prensa que brindó el pasado 19 de marzo.

Al respecto, los firmantes expresaron que se debe dar “marcha atrás con la medida” para “transitar espacios de diálogo” y “construir una política agroindustrial previsible”.

Retenciones

Desde el Partido Socialista señalaron a Conclusión que “ya se expidieron con anterioridad con respecto a las retenciones”. De hecho, lo hicieron a través de un comunicado firmado por el Interbloque Federal que agrupa a los bloques Córdoba Federal, Identidad Bonaerense y el del Socialismo, tras reunirse el pasado 23 de marzo con entidades del sector agropecuario.

>> Te puede interesar: Productores agropecuarios de Córdoba protestaron contra las retenciones

En el escrito rechazaron, «por inconstitucional», el decreto Nº 131/2022 del gobierno nacional mediante el cual se aumentaron los derechos de exportación de la harina y el aceite, (ambos de soja) y del biodiesel:

“El Poder Ejecutivo pretende legislar en una materia que sólo le compete al Congreso de la Nación”.

De esta manera y sin referirse al comunicado emitido este viernes por los otros aros políticos del Progresista Cívico y Social,  desde el Interbloque Federal rechazaron “cualquier tipo de nuevo impuesto o tributo, e inicia un trabajo legislativo tendiente a garantizar que la producción agroindustrial no sea castigada sino promovida para el crecimiento y el desarrollo”.

En el escrito, además, sentaron posturas con respecto a otras acciones, entre ellas mostraron su “profunda preocupación por el fracaso de la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná”, y consideraron que “significa un daño enorme a la previsibilidad que requiere la producción y la exportación del complejo agroindustrial argentino, por tratarse de la principal vía de salida de nuestras exportaciones al mundo”.