A partir de su publicación en el Boletín Oficial, aunque la forma de aplicación de la «ley de leyes» dependerá del plan que pongan en marcha Daniel Scioli o Mauricio Macri a partir del 10 de diciembre próximo. Se trata de la ley 27198 del «Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016», sancionada por el Congreso el 28 de octubre último en medio de polémica con la oposición.
El Presupuesto 2016 prevé un crecimiento del 3%, un dólar a $10,60, inflación del 14,5% y un saldo comercial positivo de 4.040 millones de dólares, entre otras previsiones. Además, estima gastos corrientes y de capital por un total de $1.569.412,1 millones (más de un billón), que se destinarán en un 64% para servicios sociales; 17,6% para servicios económicos; 6,6% para deuda pública; 6,2% para servicios de defensa y seguridad; y 5,6% para administración gubernamental.
La iniciativa contempla que el año próximo los ingresos corrientes crecerán 21%, los tributarios 25,2% y los gastos corrientes aumentarán 16,7%, que darán un resultado primario con un superávit de apenas 0,09%.
La ley -que consta de 75 artículos- determina que el jefe de Gabinete de Ministros, a través de decisión administrativa, «distribuirá los créditos de la presente ley como mínimo a nivel de las partidas limitativas que se establezcan en esa decisión y en las aperturas programáticas o categorías equivalentes que estime pertinentes».
También, ese funcionario podrá determinar las facultades para disponer reestructuraciones presupuestarias en el marco de las competencias asignadas por la ley de Ministerios.
Este miércoles, el Poder Ejecutivo promulgó la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2017 para la Ley de Emergencia Económica -vigente desde 2002- que faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias.
Por el mismo período se prorrogó el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios -conocido como «Impuesto al Cheque»-por el cual el Estado cobra el 6 por 1.000 de cada cheque que se deposita y del que se cobra, lo que se reparte en un 70% para la Nación y 30% restante para las provincias.
