El secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereyra, advirtió este miércoles que el Gobierno pone en riesgo la «paz social» en Vaca Muerta con el congelamiento del tipo de cambio para el pago del crudo en boca de pozo.

Advirtió que esa medida, adoptada tras la fuerte devaluación, «impactará en las inversiones».

Con el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia 566/19, el presidente Mauricio Macri congeló el precio del crudo y de los combustibles por 90 días para evitar una fuerte suba de precios tras la depreciación del peso.

Según Pereyra, ese congelamiento llevará a las empresas a revisar sus inversiones -que estaban previstas en 8.500 millones de dólares para 2020-, lo cual expone a los trabajadores a una situación de «suspensiones y despidos», y compromete «la paz social» firmada junto a la paritaria desde 2017.

El martes las provincias petroleras le pidieron al Gobierno «salir» del congelamiento del precio del crudo «antes de los 90 días» y buscar una solución para las petroleras antes de ese plazo, dijo el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

Pereyra, quien también es senador nacional por el Movimiento Popular Neuquino, dijo que su sindicato está «de acuerdo» con el congelamiento de los combustibles líquidos y señaló que también deberían congelarse las tarifas domiciliarias del gas y la energía eléctrica.

Pero señaló que este martes hubo asambleas en Vaca Muerta y los operarios rechazaron que el Gobierno fije un tipo de cambio de 45 pesos por dólar para el crudo en boca de pozo, porque eso marca un fuerte desfasaje con el valor que la divisa estadounidense tiene en el mercado, que se ubica en torno a los 57,50 pesos.

«Estos cambios bruscos hacen que las inversiones se comiencen a reducir, como ya lo han anticipado tres empresas. Algunas (compañías) directamente renuncian a las inversiones, levantan equipos y producen despidos», se quejó en declaraciones a Radio Cooperativa.

En ese sentido, agregó: «Nosotros firmamos la paz social y un blindaje a esta actividad a cualquier tipo de conflicto. Pero la pazo social se construye entre todos, no puede haber de un lado medidas que alteran la paz social seguramente con decisiones que van a tomar algunas empresas de reducir las inversiones».

Por ello, el jefe sindical dijo que su sector «rechaza» este tipo de medidas con las cuales «los mercados se ponen inquietos y se reducen las inversiones que vienen de afuera, dado que en la Argentina no hay dinero para extraer el petróleo».

Para el año que viene hay comprometidos 8.500 millones de dólares para Vaca Muerta, por lo que -según Pereyra- «hay que tener mucho cuidado porque este es el único lugar al que están llegando inversiones, hay trabajo y 30.000 operarios activos».

Gutiérrez propuso trazar un sendero progresivo para que al cabo de noventa días se llegue a un precio de equilibrio para el crudo en boca de pozo, con un tipo de cambio igual al del mercado, que actualmente está en 57 pesos.

Esto fue tomado por las autoridades nacionales que ahora analizarán la propuesta y la semana que viene habrá una nueva reunión.

¿Inconstitucional?

Los gobiernos de Río Negro y Neuquén realizaron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare inconstitucional el decreto del Gobierno en el que se dispuso congelar por 90 días el precio de los combustibles en el país.

Los mandatarios Alberto Weretilneck, de Río Negro, y Omar Gutiérrez, de Neuquén, argumentaron que la decisión oficial genera un perjuicio directo en sus provincias, ambas petroleras.

Ambos gobernadores plantean que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno modifica de forma arbitraria e inconstitucional el precio de las operaciones de venta de petróleo crudo y la base de cálculo para la liquidación y pago de las regalías.

Esta situación afecta directamente las rentas públicas de ambas provincias, según esgrimieron Weretilneck y Gutiérrez, dado que el DNU influye en la percepción de impuestos que ingresan a las arcas de Río Negro y Neuquén por la explotación de sus reservas de hidrocarburos.

La presentación judicial se produce después de que fracasara una reunión con el Gobierno en la que le solicitaron a la Casa Rosada que desista de su intención de mantener inmóviles los precios de los combustibles por 90 días.

El DNU 566/19 publicado en el Boletín Oficial forma parte del paquete de medidas que anunció el presidente Mauricio Macri luego de la derrota del oficialismo en las PASO, en un intento por mitigar el impacto de la devaluación de la semana pasada en el poder adquisitivo de la población.