El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, llamó este martes a las empresas a impedir el ingreso de los empleados que rechacen vacunarse y, por lo tanto, dejar de pagar los salarios por entender que implica un «riesgo» para la presencialidad.
«Quien quiera entrar en un lugar de trabajo colectivo, tiene que tomar las medidas del caso, y las medidas del caso es vacunarse y, si no quiere, no podrá ingresar al lugar de trabajo», advirtió el empresario.
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Como era de esperarse, rápidamente surgió la polémica y unos y otros expresaron sus posturas a favor y en contra de la propuesta, que podría suscitar un debate al límite de lo constitucional, no obstante lo cual subyace la naturaleza inconsulta de lo verbalizado por Funes de Rioja, al no haber contemplado previamente la opinión de la representación de los trabajadores.
“La necesidad de que todos nos debemos vacunar es una necesidad de carácter colectivo por lo tanto el hecho de que hubiera personas no vacunadas puede afectar el colectivo laboral. De cualquier modo, entiendo que la decisión empresaria sin ningún tipo de consulta a los sindicatos o al colectivo laboral no es correcta”, explicó Jorge Elizondo, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, en diálogo con Conclusión.
Sobre la posibilidad de que la adopción de esa medida derive en un planteo en la Justicia, Elizondo consideró que “no roza límites desde lo conceptual ni constitucional con los conceptos de libertad y el derecho al trabajo” y admitió que, aunque es partidario de que la vacunación sea obligatoria “dada la gravedad de la situación”, dejó en claro que “si el Estado lo declara obligatorio considero que la postura de la UIA no afecta el orden constitucional”.
No obstante, volvió a recalcar la necesidad de un diálogo y acuerdo previo entre las partes: “Tendría que haber una consulta con los gremios”.
Por su parte, Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario fue más moderado y señaló a Conclusión que “partiendo de la base que la vacunación no es obligatoria, tenemos que buscar otra alternativa”. “No creo que, primero legalmente, podamos estar en condiciones de no pagarle el salario al trabajador que no se quiera vacunar. Creo que hay que buscar otras alternativas”, insistió.
“Me parece demasiado extremista lo de la UIA, la ley no lo permitiría, pero algo debemos analizar porque eso nos complica económicamente. Debemos buscar un punto intermedio porque la conciencia colectiva hace que el individualismo quede de lado y se considere la necesidad de estar vacunados para preservar la salud del resto de la sociedad”, explicó.
En ese sentido, señaló que “si bien el extremo de la UIA nos parece demasiado, entendemos que algo deberíamos hacer porque corremos riesgo de que ese personal que no se quiere vacunar pueda traer algún inconveniente dentro de la empresa donde otros se están cuidando. Pero si no lo dejamos trabajar, tenemos un empleado menos y hay que pagarle el salario. Por eso hay que buscar un punto intermedio” y agregó: “Tenemos un problema con aquellos que no vienen a trabajar por temas de precaución, pandemia, y es un costo importante para la empresa. Ahí es donde solicitamos que el Estado nos haya dado y nos de alguna ayuda”.
Finalmente, y al igual que lo hizo Elizondo, consideró el diálogo como pieza clave. “El mismo trabajador debe saber que si no se vacuna pone en riesgo a otra gente por una ideología personal. Como venimos haciendo siempre, hoy día el diálogo es fundamental entre empleador y empleado y el sector sindical. No queda otra. Hoy no se salva nadie individualmente”.
En tanto el secretario general de la Centra de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, fue más tajante y salió al cruce de las declaraciones del empresario: “Lo que plantea la UIA es una extorsión a los trabajadores”.
“Por lo que dijo Funes de Rioja pedimos la creación de los Comités Mixtos de salud en las empresas. Los trabajadores junto con los empresarios tienen que determinar cuáles son las condiciones básicas para la salud en el trabajo”, precisó el dirigente.
«Los sindicatos van a tomar esto en sus manos y lo van a resolver. No van a permitir que los empresarios dejen sin salario a un trabajador», cerró contundente.
La propuesta de la UIA fue consensuada en la reunión de Junta Directiva. Pero ahora quedará por ver qué ocurre con los diferentes gremios, sector por sector, para definir si finalmente rige su aplicación.
