Por Guido Brunet
La inflación está poniendo en jaque el plan económico del Gobierno, el cual podría deducirse que era una recuperación del poder adquisitivo y una reactivación pospandemia. Además del incremento del nivel de precios, que en los últimos meses recrudeció, la segunda ola de Covid-19 levanta un alerta respecto del repunte de la actividad.
Desde el Gobierno impulsan diversos planes para controlar los precios, pero a pesar de esto los valores de los productos continúan su alza. En el medio, se encuentran las paritarias, que en su mayoría han quedado por detrás del aumento del costo de vida.
La inflación del 29% que figura en el presupuesto 2021 quedó rápidamente desdibujada. Es que a este ritmo el aumento de precios será muy superior a ese, proyectado por el Gobierno sobre finales del año pasado (Ley de Presupuesto 2021, la «guía» del ministro Martín Guzmán).
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El propio Banco Central difundió semanas atrás, en su Relevamiento de Expectativas de Mercado, las proyecciones para este año: inflación en torno al 46%, crecimiento del Producto Bruto Interno del 6,5%, desocupación del 11,2% y dólar oficial a $115.
Tras un año con tarifas congeladas en varios rubros, por ejemplo, el combustible, en los primeros meses del año, los precios precipitaron su escalada arrojando una inflación acumulada del 13% en enero, febrero y marzo.
El nivel de precios registró en marzo un alza de 4,8%. Pero en medio de este aumento, se observa un dato preocupante: los alimentos se encarecieron por sobre el promedio. Según datos oficiales, la Canasta Básica Total subió 5% en marzo último y una familia necesitó ingresos por $60.874 para no caer en la pobreza, mientras que la canasta alimentaria aumentó 4,5% y su costo fue de $ 25.685.
Para Celina Calore, economista de Ceso (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz) Rosario existe un estrecho vínculo entre el aumento de precios y el del dólar, que describe como una “inercia inflacionaria”, un incremento de los costos locales luego de cada devaluación.
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“Abogo a la idea de que la inflación en nuestro país está muy vinculada al tipo de cambio”, menciona la economista sobre la moneda estadounidense, que “en los últimos meses tuvo cierta desaceleración pero se sigue moviendo mes a mes”.
Entonces, “el Gobierno usa al tipo de cambio como un ancla, ya que sabe que el dólar repercute en los precios internos”, explicó la analista en diálogo con Conclusión.
Además, entre las causas inflacionarias menciona los precios de los commodities internacionales y a “empresarios operadores de mercado” que no han cumplido con mantener los precios acordados con el Gobierno nacional.
En este sentido, el Gobierno mira atentamente los precios de los alimentos. Si bien el país es uno de los principales exportadores de alimentos a nivel mundial, los precios para el común de los ciudadanos suben día a día.
En cuanto a las causas de los incrementos de productos como la carne, leche y otros elementos pertenecientes a la canasta básica, Calore detalló que “cuando los commodities como los cereales suben impacta en el precio local. Esto también significa que ingresan más dólares al país. El desafío es desacoplar esos precios porque si no los argentinos terminamos pagando los alimentos al valor dólar. Ahí entran en juego distintos mecanismos, entre ellos las retenciones”.
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Otro factor a tener en cuenta es la emisión monetaria. Aunque Calore no relaciona esto con la suba de precios: “El año pasado tuvimos emisión récord. No creo que haya una relación entre emisión e inflación. Se desaceleró la emisión pero la inflación creció”.
En tanto, la integrante del Ceso asegura que “la reactivación económica para el Gobierno va a venir de la mano del consumo, que genera del 80% del PBI”.
Por esta razón, y para no sumar más golpes al bolsillo de la gente, “el Gobierno todavía no ha tocado las tarifas de los servicios públicos. Cuando actualice esos precios va a repercutir en los bolsillos de los consumidores”, advierte la economista.
Acuerdos que no se respetan
Para intentar que no se sigan disparando los precios, el Gobierno busca acuerdos con el sector empresario. Es así como en estos momentos se propone negociar con las principales alimenticias con el fin de congelar la canasta de alimentos básicos. En principio, el consenso va a incluir 100 artículos y su duración tendrá un plazo de tres meses.
En este plan se enmarcan el programa Precios Cuidados y sus subsidiarios en Santa Fe y Rosario, con Precios Máximos y Precios Justos. Pero allí es donde la intención choca con la realidad, ya que, en muchos casos, al llegar a la góndola el precio del producto no concuerda con el convenido con el Gobierno. Como ejemplo, días atrás se conoció un informe en el que da cuenta de que se encontraron aumentos de hasta el 115% en productos incluidos en el programa Precios Máximos del Gobierno de la provincia de Santa Fe.
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Incluso el Gobierno nacional anunció un acuerdo de congelamiento de precios de artículos electrónicos hasta noviembre, pero con posibilidad de aumentos en mayo. O sea, en la comunicación del propio acuerdo se advierte que el mismo no podrá ser respetado.
Paritarias que no alcanzan
Los primeros acuerdos salariales tanto del sector privado como del público cerraron en línea con la pauta salarial del Gobierno, que giraba en torno al 29% de inflación. O sea, los sindicatos se mostraron alineados al plan económico de Alberto Fernández.
El gremio que cerró la paritaria más alta es el, el Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) con un 44%.
En el 35% cerraron Uocra Y UOM, Soeme (Empleados de Minoridad) así como los médicos, municipales y docentes de Santa Fe.
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La Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garajes de la República Argentina (Foesgra), cerró un aumento salarial del 34%.
Empleados de Comercio acordó un incremento del 32%. Además se fijó con las cámaras empresarias un aporte extraordinario por trabajador de $300 destinado a la obra social.
Encargados de edificios cerraron en un 32%, así como trabajadores de Aysa. Mientras que Utedyc sumó un 30%.
Por debajo de ese línea, Luz y Fuerza (29,5%); bancarios: (29%), empleadas domésticas (28%) y aceiteros (25%).
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Cabe destacar que en la mayoría de los casos los aumentos se completarán en diferentes tramos y que habrá cláusula gatillo si es que la inflación supera el monto acordado, como es de suponer en muchos de los acuerdos entre trabajadores y empresarios o el Estado.
A su vez, el martes se reunió el Consejo del Salario para elevar el salario mínimo. De esta forma, la CGT, la CTA de los Trabajadores, la UIA y las cámaras patronales convinieron este martes un aumento del 35 por ciento del salario mínimo, vital y móvil en siete tramos, por lo que se elevará desde febrero del año próximo a poco más de 29 mil pesos, confirmaron los voceros gremiales.
Sindicalistas de ambas centrales y el sector empresario convinieron el pago de un 9 por ciento en abril, 4 en mayo, 4 en junio, 3 en julio, 5 en septiembre, 5 en noviembre y un 5 por ciento final en febrero de 2022, con una cláusula de revisión en septiembre.
Con todo esto, el Gobierno mantiene un desafío que cada vez se torna más dificultoso, el de reactivar una economía muy golpeada desde hace algunos años. A un panorama desolador se le suman los efectos monetarios de la pandemia, una dramática situación que no parece tener un final a corto plazo.
Con una inflación descontrolada, un dólar que comenzó a despertarse de su letargo, paritarias que miran desde abajo la inflación y una pandemia que dinamitó varios sectores de la economía, el Gobierno busca, al menos, sostener el consumo, y con ello a la economía.
