Las pymes industriales comenzaron a optar por paralizar las ventas de sus fábricas ante la inestabilidad de los precios de los insumos y el alargamiento de la cadena de pago e incluso la ruptura en algunos eslabones de la misma. La decisión de cobrar en efectivo y desactivar financiación la tomaron aún a costa del hundimiento del mercado interno, pero afirmaron que buscan resguardar las finanzas de las empresas fabriles que sufrieron los efectos de la volatilidad del dólar en el medio de la tormenta financiera.
El dato surgió de Industriales Pymes Argentina (IPA), una entidad que reclamó un paquete anticrisis por seis meses que comprenda el congelamiento del precio de la energía, el otorgamiento de créditos blandos para el sector productivo y medidas que eleven las barreras importadoras. Pide que se apliquen todas estas medidas para atravesar la crisis anunciada por el Gobierno y que ya afecta a las fábricas.
Según un relevamiento del IPA, la inflación por el efecto dólar en el mercado de insumos e incluso la ausencia de determinados materiales ante la caída del consumo generó una «fuerte incertidumbre» entre los empresarios, que vendieron su producción en plazos de 60 a 90 días por el alargamiento de la cadena de pagos, pero que en la actualidad tienen que reponer con precios «muy por encima de los que se conseguían en el momento de la fabricación».
«Hoy se vende al día y con los costos dolarizados. Las pocas operaciones se hacen al contado y a contraentrega, algo que las grandes empresas monopólicas comenzaron a hacer en el inicio del conflicto cambiario. Y si bien las pymes no tenemos la espalda para sostener esa situación como estrategia, hoy vender mal es un riesgo de crisis terminal», afirmó el presidente del IPA, Daniel Rosato.
La entidad pyme alertó que el sector industrial está «atravesando un problema grave, a partir de la reducción del mercado interno, los problemas con la cadena de pago y el aumento constante de los costos energéticos por la volatilidad del dólar». La reducción de las ventas está en un 30%, según los cálculos menos pesimistas empresarios industriales.
Para Rosato, el escenario es resultado de «la política de apertura comercial al mundo que puso en marcha el Gobierno desde 2015, sin tener en consideración las pésimas condiciones de competitividad del mercado local, llevaron a una reducción del uso de la capacidad instalada en las fábricas, con su impacto en los puestos de trabajo».
En principio, los industriales reclamaron «medidas urgentes» para prevenir una «crisis social ante el crecimiento del desempleo y la pérdida de capacidad económica en la mayor parte de la población». «La incertidumbre de los precios genera malas expectativas de corto y mediano plazo, lo que se traduce en inflación, porque los que tienen margen de remarcación trasladan a precios los costos que generan la reposición de productos o servicios dolarizados. Los que no pueden, como la mayoría de las pymes, deciden congelar el mercado y vender lo mínimo para no fundirse», enfatizó Rosato.
Para lograr condiciones de «estabilidad» del mercado, el IPA reclamó una política financiera «que se ponga en línea con las expectativas del Gobierno de recuperación del ejido industrial, con tasas de financiamiento para las pymes con condiciones especiales para invertir y volver a poner en marcha las máquinas».
