Por Aldo Battisacco

Según un informe de la Fundación Pueblos del Sur, que lleva por título «Análisis e implicancias de la propuesta de acuerdo con los Fondos Buitre», el actual Gobierno tenía contacto con los bonistas antes de asumir.

Esteban Guida, uno de los autores del informe, señaló que desde la Fundación se trabajó «teniendo en cuenta el marco político», y consideró «que el hecho de que el Ejecutivo adelantó al Congreso un paquete de leyes que pretende una modificación sustancial de lo que se hizo hasta ahora aporta una particularidad sustancial respecto de otros momentos».

El objeto del documento – expresa el economista- «se enfoca en la propuesta de arreglo con los denominados fondos buitre y en las posibles consecuencias de su implementación, procurando aportar información para que sirva como elemento de análisis a la comunidad».

El escrito versa sobre los antecedentes, acciones del Gobierno nacional, la propuesta hecha a los holdout, las implicancias económicas y financieras, el efecto inmediato una vez hecho el pago, las consecuencias políticas y económicas y por último una síntesis de los puntos abordados.

«Los antecedentes -expresa Guida- , existieron de parte del entonces candidato Mauricio Macri, ya que en sus declaraciones de campaña hizo pública su intención de acatar el fallo del juez Griesa; cuál fue la participación del secretario de Finanzas, Luis Caputo, en Nueva York y las gestiones para designar un nuevo estudio jurídico que represente a la Argentina; los anuncios de Prat Gay sobre el resultado de la negociación con los bonistas italianos; su propuesta a los buitres más duros y la respuesta recibidas», reseñó el autor a título introductorio.

El documento aborda aspectos de la propuesta formal que se presentó, de reestructuración a todos los acreedores que no ingresaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Las ofertas: para tenedores que tienen medidas cautelares pari passu y otra para aquellos que no están incluidos en la cláusula pari passu pero poseen una sentencia favorable que especifica el monto adeudado.

«Luego de la negociación de Néstor Kirchner una parte de los bonistas no aceptó la propuesta argentina y se dio lugar a la Justicia de EE.UU., que presionó y en 2010 se reabrió el proceso de reestructuración de deuda. Gracias al resultado de ambos canjes, el país logró reestructurar el 92,4% de los 81.800 millones de dólares declarados en cesación de pagos en 2001», consigna el documento de la Fundación Pueblos del Sur.
Para que el arreglo con los fondos especuladores siga su curso y se concrete, interviene Griesa y condiciona la propuesta presentada por el Gobierno obligándolo a pasar por el Congreso para derogar la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano. En tanto, la idea del Gobierno de Macri es que, una vez lograda la aprobación del pago de la deuda a los fondos buitres, se emitan, en principio, bonos por 15.000 millones de dólares donde se incluye el pago a los fondos buitres más duros y otros servicios de deuda a bonistas reestructurados y demás costos.

Sin embargo, el equipo económico solamente se ha limitado a declarar que el monto adeudado a los fondos
buitres ascendía a 9.000 millones de dólares y que través de la propuesta presentada se logró una quita del 25% sobre el capital.

Algo que seguramente influirá en la capacidad de pago. Por lo que Prat Gay anunció que el arreglo con los acreedores que no entraron en el canje será pagado en efectivo pero no con reservas internacionales, ni con bonos, sino a través de la emisión de títulos públicos para ser colocados en el mercado de capitales. El ministro supone sin una explícita justificación que esto “aportará un beneficio adicional de ahorro de entre 20 y 25%”.

Una vez que se pagó, y más allá de los parámetros que se impongan, la duda ronda sobre cuál será la estrategia argentina con el fin de generar las divisas necesarias para afrontar los servicios de deuda sin ir en contra de los intereses sociales y económicos de su población.

No obstante, habrá que esperar para establecer qué modalidad de negociación encarará el Gobierno a futuro y si esta iniciativa le ofrece la posibilidad de obtener «financiamiento externo», no garantizado, sin medir cuáles serán los condicionamientos, a pesar de que la historia de Argentina muestra claramente que una estrategia de desarrollo sostenible, con justicia distributiva y equidad en la inclusión de todos sus componentes, se puede lograr sin necesidad de abusar de este mecanismo.