Por Facundo Díaz D’Alessandro
Las medidas sanitarias de aislamiento dispuestas por el gobierno nacional, acompañadas por provincias y municipios y que abarcan al sector privado, significan un fuerte “parate” en la actividad económica nacional, que ya de por sí arrastra por lo menos dos años de recesión.
Claro que en este caso no se trata de una mera circunstancia local sino que muchas economías alrededor del mundo están paradas, lo cual a su vez impacta negativamente en Argentina en virtud la situación de los principales socios comerciales, como ser Brasil y China.
En ese sentido, la cuestión central que atraviesa todo el debate en el país es, además de la salud (y no excluyéndola), la actividad económica y el nivel en que esta pueda funcionar para evitar una crisis aún mayor. ¿Cuánto aguanta una economía, deteriorada como la nacional, en cuarentena?
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Se impone como prioridad garantizar el abastecimiento indispensable para el funcionamiento de las cadenas de provisión de los hogares y las empresas. Entender este punto es clave: en términos productivos, la oferta se había adaptado a la demanda de una economía recesiva, ahora motorizada estatalmente.
Si hay más demanda y la misma oferta, es natural que los precios aumenten, más allá de las especulaciones de siempre. Hoy debe encararse el problema por el lado de la oferta, además de asistir y compensar familias vulnerables, que debe hacerse.
En este sentido, desde el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), elaboraron un informe que permite poner de relieve tanto la cantidad de recursos que pone el Estado a disposición y en cómo este plan se viabiliza considerando los impactos que tendrá esta paralización económica en la actividad privada, algo aún insondable a las luz de que no se sabe que decisiones irá tomando el gobierno.
La caída en la actividad económica tiene un impacto directo sobre trabajadores, ya que el aislamiento de la sociedad implica que la ciudadanía deje de circular, y en ese contexto, se ven limitados para asistir a sus puestos de trabajo.
Medidas e impacto
En un marco de alta informalidad laboral, la cual asciende al 34,5% según la última EPH-Indec al III trimestre de 2019, es difícil garantizar la adhesión a las políticas sanitarias sin perder empleo o sufrir una merma drástica de los ingresos.
Para los sectores trabajadores y trabajadoras informales, o para aquellas personas que trabajan por hora (a destajo) y que viven a partir de un ingreso diario, se dirigió el anuncio del 23 de marzo.
Entonces se dictaminó un bono adicional para perceptores de programas sociales que asciende a $3.000 y si se consideran los datos disponibles a finales de 2018 (que suman 556.000 perceptores entre Salario Social Complementario y Hacemos Futuro), entonces implicaría una erogación de $1.668.000.000.
La misma suma irá para $3.000 para jubilados/as y pensionados/as que cobren el haber mínimo y para jubilados y pensionados que cobren la mínima o por debajo de $18.892, recibirán la diferencia entre su haber y el monto mencionado.
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También se anunció un refuerzo al programa alimentario, que sumado al monto adicional llegaría a $3.821 millones.
Se decidió adicionalmente extender la medida que posterga el pago de deudas de créditos de Anses implementados entre diciembre y marzo a los meses de abril y mayo, que se estima alcanza 8.800.433 de personas.
También se impulsó impulsó la eximición de Contribuciones Patronales para sectores afectadas/os por la cuarentena, tratándose principalmente de las actividades encuadradas en el rubro esparcimiento, como turismo, cines y teatro y también actividades del transporte .
El último anuncio realizado por el Gobierno, el día 23 de marzo, implica una transferencia de ingresos para trabajadores/as independientes, informales, monotributistas de las categorías A y B, trabajadores de casas particulares y desocupados, de 18 a 65 años y que no tengan otro ingreso (sólo es compatible con AUH y AUE).
En tanto, en los últimos días, se confirmó la creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.
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Éste consistirá en la obtención de uno o más de los siguientes beneficios:
-Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa).
-Asignación Compensatoria al Salario, para todos los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados.
-Repro – Asistencia por la Emergencia Sanitaria para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado en empleadores que superen los 100 empleados. La prestación por trabajador tendrá un mínimo de $6.000 y un máximo de $10.000.
-Sistema integral de prestaciones por desempleo
Si bien todas estas medidas, entre algunas otras más que se anunciaron son vitales para contener la vulnerabilidad de muchísimos hogares, que se recrudece ante el avance de la pandemia y las medidas drásticas tomadas para contenerlo, resulta ostensible que debe diagramarse un esquema mayor, integral, que permita el funcionamiento de los resortes clave de la economía e impida daños mayores, incluso en el borde del conflicto social.
