Luego de la reunión de Comisión Directiva, donde se expusieron varios casos de empresas embargadas, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), decidió solicitar una reunión con el titular de la AFIP , Leandro Cuccioli, para proponer la implementación de una moratoria PYME, para alivianar la situación de los más de 250 mil embargos que se sucedieron durante 2017 según las propias cifras oficiales del Ministerio de la Producción.
La solicitud constará de varios pedidos: La suspensión de los embargos judiciales hasta que se lleve adelante la medida, la condonacion de intereses resarcitorios y punitorios, el aumento de plazos en las cuotas vigentes, la elevación de la cantidad de planes de pago por empresa, y la reducción del interés del financiamiento.
«Las Pymes enfrentan una fuerte caída en las ventas que se origina en el estrangulamiento de los ingresos reales de los trabajadores y la consecuente reducción de sus posibilidaddes de consumo, ademas de las subas en tarfias y combustibles», argumentó al respecto Marcelo Fernández, Presidente de CGERA, para fundamentar el pedido.
Otro de los motivos clave en la caída de las Pymes es el aumento de las importaciones: «en algunos sectores subieron más de un 60%, poniendo en riesgo a sectores sensibles como textiles, calzado, fabricantes de electrodomesticos, y sectores de mano de obras intensivo», argumentó Ariel Aguilar, dirigente de CGERA.
«Este escenario impone la necesidad de avanzar sobre un plan de facilidades para que sin afectar la recaudación del Estado y sin dejar de cumplir con sus obligaciones frente al fisco, las Pymes argentinas tengan un respiro», explicó Fernández.
«La moratoria no es una solución definitiva, pero ayudaría a muchas Pymes que hoy se encuentran asfixiadas», remarcó Aguilar.
Fuente: iProfesional.
