El Presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, se refirió al acuerdo de precios y salarios impulsado por el Gobierno para alinear las expectativas de inflación y aseguró que “el Estado comenzó a tomar cartas en el asunto con los formadores de precios”.

En este sentido, Fernández explicó que “hoy están citadas muchas empresas que en sus cadenas de valor son formadoras de precios porque tienen el monopolio y pueden fijar precios de referencia en una materia prima”. “Las PYMES recurrimos a ellos y nos fijan el precio en dólares. Hemos sufrido fuertes movimientos en el tipo de cambio en el pasado y la diferencia a pagar era terrible”, agregó.

Por este motivo, Fernández afirmó que con estas reuniones “el Estado comenzó a tomar cartas en el asunto con los formadores de precios” y manifestó que “es importante empezar con las cadenas de valor y seguir con los empresarios PYME”.

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En relación a los aumentos salariales previstos en el acuerdo, el Presidente de CGERA aclaró que “a las PYMES nos piden el esfuerzo para recomponer el salario pero resulta que a la gente sólo le alcanza para comprar alimentos, pagar servicios y para prepagas, pero nada para consumir lo que nosotros producimos como calzado, marroquinería, anteojos, etcétera”. En esta línea, Fernández señaló que “el sector laboral tiene que entender que queremos recuperar el salario, pero no solo par que vaya a los alimentos sino a toda la cadena de valor”.

En relación a la reunió que el titular de Cgera, mantuvo con el ministro Daniel Arroyo este martes señaló que“ la reunión fue muy productiva”, y afirmó que en la misma se comprometieron a firmar un convenio entre las partes para comenzar a desarrollar el programa.

El mismo involucra “capacitaciones y formación para diferentes sectores y avanzar en la inclusión de los beneficiarios en el sector privado, y con esto contribuir a que puedan tener un trabajo genuino”, concluyó Fernández.

Además, el empresario recordó que «el programa representa una buena política para quienes se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad social y económica, promueve la inclusión, y es un avance para mejorar la empleabilidad a través de la formación laboral y la adquisición de competencias».