La relación entre dólares usados para importaciones, y las efectivamente declaradas, suele ser lineal o tener pequeñas diferencias. A veces, inclusive, se traen mercaderías por más valor de los dólares solicitados para ese fin. Sin embargo, en el bimestre abril-mayo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) detectó que uno de los valores superó por 46% al otro.

Las importaciones efectivamente realizadas fueron de u$s 5.800 millones. Pero los agentes de comercio exterior solicitaron u$s 7.500 millones para este fin. La diferencia, de u$s 1.700 millones, es de casi 30%. Como el dólar para importadores se consigue al tipo de cambio oficial (nadie más puede hacerlo), la diferencia es una maniobra realizada por los importadores a un Banco Central exiguo de reservas líquidas.

“Históricamente hay una correlación entre el volumen de importaciones y el acceso al mercado. Inclusive, por las prácticas comerciales habituales, hay menores pagos que volumen de importación”, apuntan desde el Banco Central. “Sin embargo, en el bimestre abril-mayo, hubo cancelación de obligaciones y anticipo de pagos que no hacen a las prácticas comerciales habituales”, agregaron.

Esta brecha entre pedidos de dólares e importaciones fue lo que originó la normativa del jueves pasado, que obliga a pagar compras al exterior con los activos líquidos ubicados fuera del país. La Circular A7030, según establecieron desde el Central, “establece las condiciones de acceso al mercado para normalizar esa situación disruptiva”.

Desde la entidad que conduce Miguel Pesce recuerdan que no hay impedimento para importar ni alteración en el régimen de importaciones del país. “Están las divisas disponibles para el normal funcionamiento de la actividad productiva. No está en el espíritu de la norma alterar el volumen de importaciones sino establecer un sendero de pagos acorde con las buenas prácticas comerciales”, apuntaron desde de la entidad.

La brecha entre dólares pedidos e importaciones es del 29%, pero en el Banco Central sospechan que habría llegado al 40% si no se frenaba con la nueva normativa. Ante la consulta si los u$s 1.700 millones de brecha ameritan investigaciones y apertura de sumarios, desde la entidad aseguraron que fue “una avivada”, sin que ello tenga mayores consecuencias para las empresas que participaron de la maniobra.