Si bien este lunes el presidente Alberto Fernández anunció en la apertura de la Asamblea Legislativa, que impulsará una querella criminal para «determinar quiénes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia», en la Justicia ya hay una causa en trámite que investiga esos mismos hechos.

La iniciativa estuvo en manos del fiscal Franco Piccardi, quien fue contra los funcionarios de Macri, por el empréstito obtenido con el FMI.

Tras el discurso presidencial en el recinto de Diputados, el Banco Central recordó en un comunicado que «elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, para determinar si generaron perjuicios al Estado».

En el documento el BCRA, refiere que en el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la “ausencia de dictamen jurídico previo” a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico que luego se intentó subsanar con un dictamen.

Ese dictamen tuvo como objeto analizar si Nicolás Dujovne tenía facultades para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo.

Tanto Lozano como Jonathan Valdivieso, sostuvieron en su denuncia que Mauricio Macri carecía de autoridad para endeudarse , ya que no contaba con «la autorización del Congreso» y que se trató de «defraudación al Estado Nacional porque el dinero que ingresó fue destinado no para obras públicas ni para mejorar las condiciones macroeconómicas del país sino directamente para la fuga de capitales”.

“El Poder Ejecutivo no cuenta con autorización legal para acordar y ejecutar un acuerdo stand by de 50.000 millones de dólares firmado entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional en junio de 2018. Este acuerdo por ser aprobado y firmado por una autoridad incompetente es nulo de nulidad absoluta…”, adujeron en el escrito.

Además cargaron tintas sobre los responsables del BCRA, quienes «en la consecución de su objetivo de pagar en dólares lo que deben pagar en pesos, han insistido y presionado al FMI para que les permita utilizar los fondos recibidos para satisfacer la demanda de flujos financieros lo que fue acordado con alguna autoridad del Fondo pero con reticencia. Pero estos fondos deben estar disponibles y así fueron aceptados para honrar los vencimientos de la deuda que ellos mismos generaron y no para financiar la salida de capitales financieros».

Por su parte, el fiscal Picardi avanzó con varias denuncias, -entre tantas las de Guillermo Moreno y Pablo Challú a mediados de 2019-  que se habían radicado contra los funcionarios de la administración Macri, y expresó que el endeudamiento «se habría realizado mediante la violación de diversos preceptos legales».

En el mismo sentido, citó el informe de «Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015 – 2019», elaborado por la actual conducción del Banco Central,  sostuvo que «parecería que lejos de lo declamado por las autoridades argentinas en las distintas cartas de intención que oportunamente enviaran al FMI, el uso de las divisas recibidas, tal como lo plasman los denunciantes, se destinó en una gran medida a la salida de capitales especulativos».