Los recientes incrementos que convalidaron los precios mayoristas que surgen de los contratos de las petroleras con producción nacional y las distribuidoras, formalizados con el Plan Gas. Pero el Gobierno, en la Resolución 41/2024 de la Secretaría de Energía dictada a fines de marzo, no trasladó a los usuarios el costo estimado de las importaciones, que habitualmente es mayor que la producción local (más de US$ 10 por millón de BTU frente a US$ 4,43 en invierno, el período que va de mayo a septiembre). De esta manera, si el Ministerio de Economía no se hace cargo de abonar la diferencia con subsidios, quedarían en riesgo los contratos económicos del sector.
Si bien no está en peligro el abastecimiento «físico» (es decir, habrá suficiente cantidad de moléculas de gas para todos), la duda es quién afrontará ese gasto adicional, porque este año serán 30 cargamentos de gas importado que llegarán entre abril y agosto, comprados por la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).
A principios de abril, Enarsa compró los primeros 10 cargos por 210 millones de dólares, a un costo promedio de US$ 9,99 por millón de BTU; y este martes realizó la segunda licitación, que adjudicará en las próximas horas, con un costo que sería apenas más alto.
Pero a diferencia de los años anteriores, cuando Enarsa se hacía cargo de casi todo ese costo, esta vez el Gobierno decidió licitar en el Mercado Electrónico de Gas (Megsa) todo el gas importado para las distribuidoras a un precio de US$ 12,90, que incluye la importación y el proceso de regasificación, convertir el gas en estado líquido de 161 grados bajo cero para calentarlo a su estado natural de 15 grados e inyectarlo en los gasoductos de alta presión.
Las nuevas autoridades de Enarsa lo intentaron dos veces y el resultado fue igual: ambas licitaciones quedaron desiertas. Además, ninguna distribuidora se presentó a comprar el gas, porque no tienen la seguridad de que el Gobierno le va a autorizar el traslado de ese costo a sus usuarios finales (pass through), que son los hogares, comercios y pequeñas industrias.
Asimismo, la Ley 24.076 (ley del gas), que regula al sector, establece que las distribuidoras tienen un «principio de neutralidad»: no pueden ganar ni perder dinero por el componente gas, que compran a las productoras y lo entregan a los usuarios. Por lo tanto, el negocio de Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas, Gasnor y Gas NEA es regulado y tiene sus propias tarifas.
En abril, hubo un fuerte aumento del gas que supera el 650% interanual por la eliminación casi total de subsidios a los hogares N1 (ingresos altos), los comercios y las industrias, así como una quita parcial de la ayuda del Estado a los hogares N2 (ingresos bajos) y N3 (clase media).
También en mayo, habrá otro escalón superior, por la entrada en vigencia de los precios de invierno: el componente gas salta de US$ 2,89 a US$ 4,43 por millón de BTU en la zona de la Ciudad y el Gran Buenos Aires (GBA), donde tiene concesión Metrogas.
Pero si el conflicto económico por las importaciones se saldara en favor del traslado pleno a los usuarios, esos precios saltarían y generarían la necesidad de un incremento adicional de las tarifas.
Pero, la puesta en marcha el año pasado del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta, ayuda a atenuar la cantidad de importaciones de combustibles líquidos y gas licuado, y a bajar el costo de abastecimiento local y los subsidios, al transportar producción -y trabajo- nacional con menores precios que el gas importado.
