El Gobierno Nacional anunció en la tarde de este miércoles que en diciembre las jubilaciones y pensiones aumentarán un 5%, con lo que la mínima se eleva a $19.035 y el incremento acumulado a lo largo del pasa a ser del 35,5%.

Si bien el presidente Alberto Fernández había anunciado un aumento en las primeras horas de este lunes, a la tarde tuvo lugar una conferencia de prensa protagonizada por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la directora de la Anses, Fernanda Raverta, donde se especificó el porcentaje de aumento.

Con este aumento se llega a una suba del 35,5% para los haberes mínimos, de esta manera el 70 por ciento de los jubilados le ganaron a la inflación y así estamos recomponiendo las pérdidas que se arrastraban desde 2018 y 2019 del 19 por ciento con la fórmula del gobierno anterior”, manifestó Raverta.

Además, aclaró que este aumento es “para todos los jubilados y pensionados” del país, y también significa un incremento en el monto de las asignaciones que reciben 8 millones de niños.

Raverta recordó que “los jubilados también tienen el aguinaldo” y sostuvo que “entre los 5 puntos de aumento y el aguinaldo, un jubilado que cobre la mínima va a estar recibiendo más de 28.500 pesos en su haber” durante el mes de diciembre.

En este sentido, la titular de la ANSES destacó la importancia de “recuperar la capacidad de compra de los jubilados”.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández había expresado su deseo de que las jubilaciones “no queden por debajo de la inflación”.

“Cuando uno mira lo que pasó en el año, las jubilaciones mínimas de hasta 25 mil pesos le estuvieron ganando siempre a la inflación”, agregó.

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Respecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días, el mandatario aseguró que “en Argentina hubo una ley que funcionó durante años”, en referencia a la que implementó el gobierno de Cristina Kirchner, que fue dado de baja durante la administración de Mauricio Macri y que ahora se buscará reponer.

“La ley del macrismo que estamos dejando de lado les hizo perder en términos reales un 19 por ciento de sus haberes”, subrayó.

En este sentido, añadió que no comparte la mirada de muchos que “dicen que esto es un ajuste sobre los jubilados porque en verdad se basa en dos puntos: la variación de los salarios y la recaudación, que es importante porque si no se recauda no se puede pagar”.

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“Nosotros creemos que la recaudación estará por arriba de la inflación como fue en septiembre y octubre que estuvo por encima de la inflación en cinco puntos”, precisó.

La nueva propuesta de movilidad previsional que impulsa el Gobierno nacional, de aprobarse, comenzará a regir desde marzo del 2021 y prevé un ajuste semestral que se determinará a través de una fórmula que contendrá en partes iguales la evolución de los salarios y la recaudación impositiva.

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Dicha fórmula tiene como antecedente directo la establecida por la Ley 26.417 que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017, con ajustes jubilatorios en marzo y septiembre, y sus elementos constitutivos básicos: los salarios y la recaudación.

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El proyecto que debatirá el Congreso excluye a la inflación como método de ajuste porque no es deseable en la Argentina, en virtud de la realidad que el país atraviesa hace lustros en materia inflacionaria, según la mirada del Ministerio de Economía.

Las tarifas aumentarán a partir de marzo

A su vez, Fernández informó que no tiene previsto ajustar tarifas este año y recién empezará a definir las subas para marzo próximo, al tiempo que prometió que las mismas no serán dolarizadas.

“No está previsto que las tarifas se ajusten este año. Calculo que a partir de marzo vamos a discutir cómo se corrigen”, señaló, mientras que prometió que el Gobierno “terminará” con la dolarización en el costo de los servicios públicos.

En declaraciones a C5N, el presidente dijo que se van a “buscar mecanismos para que los ajustes sean pagables”.

El Gobierno congeló los aumentos de tarifas de luz, gas y agua, entre otros, hasta fin de año, cuando estalló la pandemia.

El secretario de Energía, Darío Martínez, ya había anticipado que desde 2021 se iba a producir una corrección y ahora el mandatario confirmó que será discutida en marzo.

Hasta tanto pierda vigencia la Ley de Solidaridad sancionada en diciembre último, la Secretaría de Energía trabaja en un nuevo esquema de aumentos con subsidios sectorizados.

El objetivo es anunciar una suba discriminada, donde el Estado aporte más o menos subsidios según la realidad económica de las familias.

Según trascendió, el 40% de la población que vive en situación de pobreza no será alcanzada por los aumentos de tarifas, al menos durante el próximo año, y parte de la suba en otros sectores será absorbida por el Estado con subsidios y las propias distribuidoras.

Según el análisis que realiza Energía, el 45% de los usuarios que serán alcanzados por el aumento, deberían afrontar una suba tarifaria similar a la de la inflación, calculada para 2021 en el Presupuesto en 29%.

El 15% restante de la población de altos ingresos afrontaría una actualización cercana al 70% que reclaman las energéticas por el retraso tarifario, buscando minimizar el impacto del aumentos en sectores de menores recursos.

Para las distribuidoras, la luz y el gas deberían ajustarse en torno al 70%, tras dos años sin retoques de los cuadros tarifarios.