Las ventas de tractores retrocedieron un 25% en los primeros ocho meses del año, en tanto que las de cosechadoras cayeron un 38 por ciento.

Estos datos se desprenden de un relevamiento de ventas que realizan las principales firmas de maquinaria agrícola internacional que operan en la Argentina.

La caída no obedece a una pérdida de rentabilidad por parte de los productores, sino a las crecientes dificultades de los contratistas, los principales compradores de equipos en estos rubros, para hacer frente al encarecimiento del crédito para la adquisición de estas unidades.

Según el informe, entre enero y agosto pasado se vendieron en el país 3281 tractores, un 25% menos respecto del mismo período de 2017. El dato incluye a todas las firmas que comercializan tractores, menos Pauny, cuyas ventas no son reflejadas en el trabajo de las firmas extranjeras.

«La caída es peor si medimos agosto contra agosto, ya que dio un 59% (777 equipos versus 320)», señaló una fuente del sector industrial. Según señaló, considerando esta baja interanual, el 25% del acumulado enero-agosto podría ser mayor en términos porcentuales cuando finalice 2018.

En el caso de las cosechadoras, las ventas acumuladas entre enero y agosto pasado se ubicaron en 550 equipos. Ese número reflejó una retracción del 38% con respecto a igual período de 2017.

No obstante, la baja es más pronunciada si se considera agosto contra el mismo mes del año pasado. En esa comparación, la merma se ubicó en un 74 por ciento (94 versus 24 equipos). «Es un panorama parecido a tractores, donde la caída se profundiza ahora», indicó.

«La baja no es por rentabilidad de los productores, sino por falta de herramientas financieras mientras el contratista tiene miedo de no poder actualizar sus tarifas (por el servicio que presta a los productores) con respecto a la maquinaria, que es en dólares, el combustible y los repuestos, que tienen un componente dolarizado muy grande», señaló la fuente.

En este contexto, para el industrial consultado una forma de reactivar la compra debería ser con préstamos prendarios en pesos «a tasas razonables» y que el contratista pueda disponer o cobrar nuevas tarifas «acordes a los nuevos precios del combustible, los repuestos y la maquinaria».

Fredy Simone, presidente de la Cámara Bonaerense de Contratistas Rurales, señaló que su sector «está mal» porque, además de la suba de costos, no se les reconocen las tarifas a los contratistas.

«En marzo yo quería cobrar $2000 por hectárea la cosecha de maíz y el otro día, cuando terminé un trabajo ni siquiera a pesar de la devaluación me querían reconocer ese valor», contó. Agregó:»En dólares nuestra actividad se degradó».

Según señaló, los contratistas están haciendo «un sacrificio tremendo para mantener las personas que tenemos» como empleados. Incluso, se están fijando en gastos que otras veces eran insignificantes en los campamentos de trabajos a campo, como la comida.

«Nos ponemos a charlar con los colegas sobre los gastos que hay en las casillas (los equipos de campaña) y hasta la comida evaluamos, como un asado, algo que era insignificante», indicó.