Esta semana los combustibles volvieron a aumentar entre un 7% y un 8,5%. Esta suba pega muy duro sobre la producción, el consumo y los usuarios de transporte en general, quienes intentan sobrevivir a la caída de la actividad, la pérdida de poder adquisitivo y, peor aún, la falta de inversión en vista de que la situación no va a mejorar en lo pronto.

El de esta semana es el aumento número 14 de los combustibles y acumula más del 60% en promedio durante el 2018. Pero esa no es la peor noticia, sino que, según actores del sector, seguirán subiendo, por lo menos un 9% más para lo que resta del año.

Ante la desazón con la que los usuarios se enfrentan al surtidor cada vez que hay que “apagar la luz de la reserva”, es importante destacar que esta dinámica de precios de los combustibles es una decisión política del gobierno de Cambiemos. En efecto, fue Mauricio Macri quien, a través de su ex ministro José Aranguren, desreguló el precio de los combustibles para dar piedra libre a las petroleras para hacer ajustes que les permita alcanzar sus niveles pretendidos de rentabilidad en dólares.

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El argumento fue que el precio de las naftas surge del precio internacional de la materia prima, el petróleo crudo y del Tipo de Cambio, que es el precio de la moneda de intercambio internacional. La lógica de la desregulación era que, ante una caída en el precio de estos dos factores principales, los consumidores se verían beneficiados con una reducción en el precio del producto final: las naftas.

Como ha ocurrido con cada anunció y previsión del gobierno en favor de los argentinos menos pudientes, finalmente ocurrió lo contrario. La desregulación de este mercado estratégico sirvió para que las empresas petroleras aplicaran aumentos discrecionales con el fin de sostener sus ganancias en dólares. De esta forma, la transferencia de ingresos ocurre nuevamente en favor de los grupos concentrados, quienes aprovechan legalmente la libertad que les da el gobierno para aplicar su poder asimétrico y apropiarse de esta renta.

La muestra de esto resulta contundente en el actual contexto en el que tanto el dólar como el precio del barril de petróleo han bajado. En efecto, en setiembre las naftas ya habían aumentado un 10%, al que se le suma este de un 8% en promedio; sin embargo, el dólar retrocedió un 6,5% y el petróleo aproximadamente un 10%.

La ausencia del gobierno en la defensa de los consumidores, que transfieren directamente su ingreso a las petroleras, gracias al poder de mercado que éstas adquirieron por decisión del gobierno, es totalmente coherente con la lógica política que Cambiemos aplicó desde el primer día. Tal como ocurrió en otros casos, el gobierno decide abiertamente en favor de los grupos concentrados de poder, hecho que va en franco detrimento del resto de los argentinos y de los consumidores en general.

Por otra parte, el hecho de que el precio de las naftas tenga piedra libre de aumento hasta alcanzar la devaluación acumulada del peso, es a su vez la decisión política de producir la transferencia de ingresos. Resulta que las grandes empresas tienen derecho a sostener sus márgenes de ganancias en dólares, mientras que un comerciante, trabajador o empresario PyME de hecho no puede hacerlo.

De esta forma, se provoca una clara discriminación por tamaño y poder de mercado, cuyas implicancias se observan en el nivel de concentración de la riqueza y en el deterioro de la economía nacional en su conjunto.

Los efectos ya se observan con crudeza. Según un diario de tirada nacional, las ventas de combustibles cayeron 11,5% en septiembre en relación con agosto y un 9,3% con respecto al mismo mes del año pasado; el impacto se notó fuertemente en la nafta premium cuyo consumo se redujo un 17,5% sobre agosto y al 27,6% en términos interanuales.

Tal como había dicho el ministro Aranguren, “si el consumidor considera que el precio del combustible es alto, dejará de cargar». Así funciona la economía de Cambiemos.

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