El 44,2% de los argentinos está sumergido en la pobreza, en medio del devastador impacto de la pandemia de coronavirus, que agravó el cuadro recesivo que ya venía afectando a la economía, según un informe difundido por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Incluso, la pobreza habría llegado al catastrófico nivel del 53,1% de la población si no se hubiesen implementado planes de emergencia como el IFE o la tarjeta alimentaria, indicó la institución.
El 65% de los menores de 17 años viven en hogares pobres, de acuerdo con el estudio realizado con datos relevados entre julio y octubre últimos.
Más de 7,5 millones de chicos y adolescentes viven en hogares con carencias básicas. Sobre este punto, el informe alertó sobre una «persistente infantilización de la pobreza en la Argentina urbana».
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Un 34,1% de la población cayó en la categoría de «pobres no indigentes» mientras que 10,1% están directamente en la indigencia, es decir, ni siquiera pueden cubrir la canasta alimentaria básica.
Para la UCA, en julio-octubre el desempleo llegaba al 14,2%, lo que representa unos 2,7 millones de personas, 600 mil personas más que en el estudio anterior.
La mayor cantidad de pobres, que ya rondarían los 20,3 millones de personas, se disparó en medio de la pandemia de coronavirus, que impactó muy fuerte sobre la actividad.
El estudio, titulado «Informe de Avance: Deudas Sociales en la Argentina 2010-2020. Crisis del empleo, pobrezas y desigualdades estructurales en el contexto COVID-19», reflejó un fuerte deterioro social con relación al 2019, cuando la pobreza ya era muy alta, del 40,8%.
Medidos por hogares, los afectados por la pobreza subieron del 32,1% al 34,9%. El desempleo subió del 10,6% (2019) al 14,2%, de acuerdo con esos datos.
El dato de pobreza también se amplificó, explicó la UCA, porque se amplió la consulta a 30 partidos del Área Metropolitana del Gran Buenos Aires, seis más que los consultados por el organismo oficial de estadística.
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El AMBA fue una de las zonas donde mayor pegaron las medidas de aislamiento social para contener los contagios de Covid-19.
El director del Observatorio, Agustín Salvia, dijo que «las medidas de aislamiento obligatorio adoptadas generaron una crisis de oferta y demanda de bienes, servicios y mano de obra laboral». Explicó que esto «tendió a alterar la validez de indicadores clásicos utilizados para medir la condición de actividad, la pobreza por ingresos y las demandas de salud y educación, entre otras dimensiones».
Los datos relevados entre julio y octubre de este año son los más altos de toda la serie que arranca en 2010.
Salvia advirtió que «el nuevo escenario paralizó aún más la inversión, los consumos y la demanda de empleo en la economía formal, a la vez que frenó toda expectativa de reactivación, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa, profundizando la relación entre informalidad económica, pobreza y exclusión social».
«El efecto COVID no fue ´democrático´, no afectó a todos por igual: entre los sectores de abajo se acentuó el deterioro social, mientras la cúpula de la pirámide está ahora más concentrada y protegida«, consideró.
El informe consigna que sin los distintos programas sociales (IFE, AUH, tarjeta alimentaria, pensiones no contributivas y otros), la pobreza hubiera saltado del 44,2% al 53,1% de la población urbana.
Estimó que el efecto del ingreso familiar IFE, de 10.000 pesos otorgados en algunos meses, incidió 8,3 puntos en reducir la indigencia y 6,4 puntos en la pobreza.
