La debacle de Vicentin: los números que propiciaron la intervención estatal

El Gobierno dispuso este lunes intervención del Grupo Vicentin y el envío al Congreso de una ley de expropiación para “garantizar el funcionamiento de la compañía y los puestos de trabajo”.

Una medida esperable, que en principio oficia como el rescate de una compañía que supo ser de las principales alimenticias exportadoras del país y se encontraba hoy al borde de la quiebra, con una deuda cercana a los 1.350 millones de dólares y considerada impagable por sus dueños, Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.

Ambos, junto al entonces titular del Banco Nación (BNA), fueron imputados judicialmente por el fiscal federal Gerardo Pollicita por supuestas irregularidades en el otorgamiento del préstamo. En forma excepcional, el BNA otorgó a Vicentin -una firma que hizo a través de subsidiarias importantes aportes para la campaña electoral del macrismo- una línea de crédito para financiar exportaciones.

Fundada en 1929 (funcionaba como acopiadora de algodón y almacén de ramos generales en Avellaneda, Norte de Santa Fe), es una de las empresas líderes de la Argentina, ya que se trata de la principal en el negocio de molienda de oleaginosas, con una capacidad de 29.500 toneladas diarias, incluyendo su participación en Renova, con ventas del orden de los USD 3 mil millones durante los últimos tres ejercicios antes de la debacle, de las cuales más del 85% han sido exportaciones.

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Emplea alrededor de seis mil trabajadores que se distribuyen principalmente entre: 2.195 de la industria aceitera (correspondiendo 1.283 a Vicentín SAIC, 806 a Renova SA, 58 a Renopack SA y 48 a Patagonia Bioenergía SA); 920 de la algodonera; 376 de la vitivinícola y 2.057 de la frigorífica.

Para comprobar su relevancia basta con revisar algunos de los números de los últimos años, en los que el crecimiento agroindustrial, motor y motivo de la empresa durante las décadas anteriores, comenzó a competir en términos de prioridad con el desarrollo financiero, para el que se inició un proceso de endeudamiento que, crisis cambiaria y recesión mediante, terminó en el concurso de acreedores y con el Banco Nación como principal benefactor de esa deuda.

La molienda de Vicentín durante el ejercicio 2017-2018 representó el 21% y 27% de la molienda nacional de soja y girasol, respectivamente, lo que sin lugar a dudas la posiciona entre las empresas líderes del segmento.

La empresa ha alcanzado niveles récord de más de 7,7 millones de toneladas de oleaginosas molidas anualmente, con una utilización eficiente de sus instalaciones y, en general con buenos márgenes. Del total de oleaginosas molidas, el 90,34% de la molienda correspondió a soja y el 9,66% restante a semillas de girasol.

En base a las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales que reporta el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en vísperas de cerrar formalmente la campaña de soja 2018/19, Vicentín se encontraba en el puesto número seis con 8,4 Millones de toneladas de productos embarcados, es decir un 9% del total de ventas externas agroindustriales.

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La facturación de la empresa creció desde u$s 3.535 millones en 2017 hasta 4.256 millones en 2019, el 71,9 % de esta facturación está originada en el aceite y los subproductos de la molturación de soja; el 11,3% en la actividad de exportación de granos; el 8,7 % en aceites y subproductos de girasol; el 3,8 % en biocombustibles; en tanto que un 4,4% se origina en otros productos.

“Asimismo, Vicentín SAIC es estratégico y clave en la producción de alimentos en el mercado doméstico por su participación en el negocio cárnico y del aceite refinado de girasol”, dice el informe técnico elaborado por el Ejecutivo nacional para definir la intervención.

Entre fines del año 2019 y principios del 2020, la debacle de la firma comenzó a visibilizarse públicamente, pero fue una tormenta perfecta que se elaboró desde algún tiempo atrás.

En 1943 comienza con la fabricación de aceites vegetales y la industrialización de semillas de lino, algodón y maní y en 1966 incorpora el proceso de extracción por solventes para la producción de aceites y en 1979 incorpora una segunda planta industrial localizada en San Lorenzo, lindera a Ricardone, al Sur de la provincia de Santa Fe.

En 1987, la Sociedad comienza a operar desde su propia terminal de embarque, erigida en San Lorenzo, en el km 442 del río Paraná. Diez años después más que duplica su capacidad de molienda de soja alcanzando las 10.000 toneladas por día y durante 1998, la empresa comienza a comercializar aceites de girasol y de oliva en el mercado interno.

En el 2000 incursiona en el mercado de productos agroquímicos encarando la producción de herbicidas (glifosato) e insecticidas (cipermetrina y endosulfán) y en 2007 con la producción de biocombustibles.

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En 2018, a través de una de las firmas controladas por el Grupo, Renova S.A., Vicentin ejecutó una inversión de más de 400 millones de U$S en su planta de Timbúes a través de la cual:

– Duplicó su capacidad de embarque y almacenamiento, permitiendo diversificar la operación hacia la exportación de granos sin industrializar,

– Posibilitó la descarga de barcazas habilitando a la planta industrial a recibir materias primas por el Río Paraná, industrializarlas y reexportar productos con valor agregado;

– Incrementó en un 50 % la capacidad de molienda de la planta reafirmando su posición de planta aceitera más grande del mundo. Todas estas instalaciones ya han sido inauguradas y se encuentran operativas.

Esa expansión se dio a instancias de un exacerbado endeudamiento, avalado y motorizado, en gran parte, por los créditos otorgados por la gestión de Javier González Fraga, nombrado por el entonces presidente Mauricio Macri, en el Banco Nación. La crisis cambiaria y financiera, con la consecuente recesión profunda de la economía, propiciaron el desenlace, anclado en los malos manejos del negocio.

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Con fecha 4 de diciembre de 2019, la sociedad Vicentin S.A.I.C anunció públicamente a sus acreedores que se encontraba en una situación de estrés financiero que no le permitiría hacer frente a sus obligaciones, incurriendo técnicamente en cesación de pagos.

Entre los motivos esgrimidos por el Gobierno para la intervención, el rescate de una empresa de esta magnitud, providencial en términos de empleo y producción (especialmente alimentaria y exportadora) es sólo una arista.

La otra es el manejo negligente, ostensible a esta altura de los acontecimientos, y que originó una deuda con el fisco mucho mayor a la admitida, según el informe oficial.

“Las deudas con el Estado Nacional por conceptos impositivos y aduaneros ascienden a $ 9.549.998.272,61. Esto no coincide con la presentación de la concursada (que denuncia una deuda impositiva y aduanera de $ 1.655 millones). Siguiendo la presentación de la concursada, estas deudas se explican principalmente por conceptos aduaneros que representarían el 94,4 % de las deudas agrupadas como “impositivas y aduaneras” mientras que las deudas con la DGI-AFIP serían un 4 % de este agrupamiento”, dice el informe.

A continuación, el dossier completo: