La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció penalmente a una agroexportadora líder por presunta subfacturación de ventas a Brasil, por un total de US$ 75 millones.
La Aduana denunció penalmente a una empresa líder del sector por “contrabando en el marco del artículo 863 del Código Aduanero”, de acuerdo con un comunicado.
La multa mínima pretendida es de US$ 74.415.209,77, y la compañía podría ser inhabilitada para operar en comercio exterior.
Según consignó la DGA, la firma de origen tucumano habría “cuadrangulado 304 exportaciones de porotos a través de empresas radicadas en Panamá y Costa Rica y declaró las operaciones en Argentina a un valor casi 30% más bajo que el registrado en Brasil para evadir la liquidación de más de US$ 4 millones”.
La empresa podría ser inhabilitada para operar en comercio exterior, estimó la Aduana.
Agentes de la DGA descubrieron que “una empresa argentina incurrió en fraude comercial al tejer una compleja maniobra de cuadrangulación simulada para ocultar el verdadero valor de sus ventas al exterior”, y en esa línea precisaron que “la firma tucumana, líder en el rubro de porotos, apeló a dos intermediarios sucesivos: uno radicado en Panamá y otro en Costa Rica, para subfacturar exportaciones a Brasil”.
Al respecto, desde la Aduana indicaron que “como resultado de intercambios de información aduanera, el personal aduanero constató que 304 permisos de embarque registrados en la Argentina a US$ 11.125.894,07, en rigor, fueron declarados a US$ 15.375.043,34 al momento de ingresar a Brasil”, lo que representó una diferencia de US$ 4.249.149,27.
Respecto de esa diferencia, desde la DGA confirmaron que “sin embargo, no se advierte ningún aporte tangible de valor agregado por parte de los intermediarios que justifique la subfacturación del 28%, y justamente, la mercadería viajó al país vecino en forma directa”.
También “se constataron vinculaciones indebidas entre la compañía argentina y las empresas radicadas en Panamá y Costa Rica, en los términos establecidos por el artículo 14, inciso J, del Decreto 862/2019, vinculación funcional que permite concluir que la refacturadora costarricense era una pantalla utilizada para ocultar el incremento de valor registrado en el país de destino”, aseguraron.
La DGA concluyó que “el objetivo de la maniobra se trató de evitar la liquidación de divisas en nuestro país y ahuecar la base imponible de las actividades de la empresa”.
