Un análisis jurídico internacional consideró  que el Acuerdo Stand By, firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018 debería ser considerado nulo, ya que el mismo viola los fines fundamentales del Convenio Constitutivo del organismo y constituye un «acto ultra vires». Los «ultra vires» es el principio jurídico internacional que considera inválidos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley.

El trabajo de investigación realizado por los especialistas Karina Patricia Ferreira Lima y Chris Marsh, y publicado por Social Science Research Network (SSRN), asegura que «analizando los fundamentos macroeconómicos del Acuerdo Stand By, no se cumplieron los requisitos sustantivos para el ejercicio de la competencia funcional del FMI de prestar apoyo a la balanza de pagos de Argentina» y sostiene que el mayor programa en la historia del Fondo «fracasó en todos sus objetivos centrales y viola los fines fundamentales» del organismo.

Tras analizar detalladamente todos los pormenores del acuerdo, los autores concluyeron que «el Fondo no aseguró las garantías adecuadas para la provisión de sus recursos generales, ya que el programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un «agujero negro» contable de al menos 20.000 millones de dólares». «Todo ello hizo que los objetivos cuantitativos del programa fuesen imposibles de cumplir», con lo que «el análisis de sostenibilidad de la deuda estaba destinado al fracaso*, y los criterios de acceso excepcional no fueron evaluados razonablemente.

El informe señala que «era razonablemente previsible que el diseño del programa diera lugar a una ampliación de la duración y del grado del desequilibrio de la balanza de pagos de Argentina debido a la falta de pedidos de controles de capitales», que el Fondo «estaba legalmente obligado a solicitar».

Asimismo, consideraron «ridículo» que, tras el acuerdo,  tanto el gobierno argentino como el Fondo Monetario esperaran un ingreso de capitales de casi u$s80 mil millones sin el detalle del origen de los fondos.

Por todas estas razones, los autores consideraron que  el acuerdo «debería considerarse nulo» y concluyeron que, dado que el país no tiene los recursos para repagar el programa, «debería haber un período (quizás mayor a 10 años) durante el cual se debería permitir a Argentina recuperarse». Esto significa, en la práctica, «establecer un programa con un préstamo sin intereses, y la devolución de todos los intereses y cargos hasta la fecha».

Karina Patricio Ferreira Lima es profesora e investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Leeds, donde trata temas de derecho económico y financiero, mientras que Chris Marsh es un ex funcionario del FMI y actualmente actúa como consultor senior de Exante Data, una consultora internacional de análisis macroeconómicos y de mercado.