Por Aldo Battisacco -Enviado especial a Buenos Aires 

«La derecha, los dueños del agro negocio y los medios de comunicación concentrados, han lanzado una campaña para impedir o neutralizar la intervención y pretenden retomar el rumbo de la extranjerización o desguace de la firma para garantizar la impunidad de los directivos comprometidos con el vaciamiento», propuso Julio Gambina cuando analizó el fenómeno que por estos días aflora con el anuncio del Gobierno de llevar adelante la expropiación de Vicentin.

Julio Gambina, es profesor universitario de Economía Política, Doctor en Ciencias Sociales por la UBA y especialista en tema sociales, quien en diálogo con Conclusión, expresó que aquellos que protagonizan marchas en defensa de la propiedad privada, muchas veces son gente bien intencionada y propone que el Estado no intervenga.

El especialista fue categórico sobre el tema al explicar que el Estado gestionado por Macri facilitó créditos vía Banco de la Nación Argentina (BNA) por más de 18.000 millones de pesos al grupo Vicentin que, en diciembre 2019 con el cambio de gobierno, denunció “estrés financiero” ante deudas acumuladas en el país y en el exterior por más de 99.000 millones de pesos».

Y al efecto de ser más precisó sentenció que lo que ocurrió con la firma es una cesación de pagos, que no escandaliza a los “privatistas”, tal y como se preocupan cuando es al revés, caso del Estado sustentando un default de su deuda con privados.

Para Gambina, el Estado debe intervenir pero definir «en favor de quien lo hará». «El Estado siempre interviene» y referenció «en tiempos de la dictadura intervino para desconocer la Constitución y también para estatizar la deuda privada de Vicentin, cuando Cavallo era presidente del Banco Central y la operatoria fue intervenir para que la sociedad se hiciera cargo de la deuda de muchas empresas privadas». 

Vicentin no es un empresa familiar, desde las dictaduras es parte de la remodelación de la economía, del Estado, de la sociedad y responsable de la desaparición de trabajadores, es decir tiene una gran deuda con la causa de los Derechos Humanos. 

Otro de los puntos relevantes que subrayó Julio Gambina «es la diversificación internacional en paraísos fiscales o en territorios que favorecen la elusión o la evasión fiscal». 

«Cuando los empresarios explican que el tema que complicó la situación fueron las elecciones primarias que anticiparon un cambio de gobierno en la Argentina. Es insólito, pero eso sostienen, con lo que los responsables serían los votantes, que al no elegir lo que la empresa quería, se les dificultaron los negocios», reflexiona Gambina.

¿Acaso, de haber continuado Macri no habría habido problemas económicos en Vicentin? El argumento pone de manifiesto el carácter inescindible entre economía y política que siempre hemos sustentado, que para el caso en cuestión hace evidente el sentido del Estado capitalista al servicio del capital. Un Estado que gestiona créditos del mercado mundial para financiar el capitalismo local, a costa de la sociedad y que ahora negocia para pagar el préstamo del FMI y las inversiones especulativas de los Fondos de Inversión.