Los cambios a la actual Ley de Alquileres, que fueron aprobados por la Cámara de Diputados y ahora se discuten en el Senado, agravaron la dura situación que atraviesan los inquilinos: a la espera de que se acorte el plazo de los contratos y que las actualizaciones de los montos sean cuatrimestrales, muchos propietarios se niegan a renovar los contratos que están próximos a vencer. Por tal motivo, el Movimiento Inquilino Nacional pidió una serie de medidas, como la prórroga automática de los contratos hasta el 31 de diciembre.
En este sentido, la organización de inquilinos pidió que el Gobierno Nacional declare la emergencia habitacional, suspenda los desalojos, congele los precios de alquileres y prorrogue los contratos de forma automática hasta el 31 de diciembre.
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En diálogo con Conclusión, el presidente de la Asociación de Inquilinos de Rosario, Emanuel Canelli, detalló: “Desde la media sanción de la ley en la Cámara de Diputados, estamos viviendo una situación de mucha incertidumbre, no hay claridad para aquellas personas que tienen que renovar el contrato de alquiler, o están buscando un nuevo lugar para alquilar”.
Si bien actualmente la Ley de Alquileres vigente es la sancionada en 2020, que establece que los contratos tengan una duración de tres años y que los montos se actualicen de forma anual, con un porcentaje que surge de promediar la evolución de precios y de salarios, Canelli advirtió que muchos propietarios e inmobiliarias están trabajando por fuera de la norma: “Se están ofreciendo contratos por seis meses con precios siderales, u ofreciendo contratos de dos años con ajustes por fuera de la ley. Por eso ante esta crisis planteamos una emergencia habitacional donde se busca prorrogar los contratos de alquiler hasta el 31 de diciembre de este año”.
A pesar de que no hay datos oficiales, desde la Asociación de Inquilinos de Rosario estiman que en argentina hay cerca de 120.000 contratos próximos a vencer, mientas que los inquilinos afrontan una situación de incertidumbre con respecto a la renovación.
Consultado sobre cómo está la situación en Rosario, Canelli apuntó: “Nos llegan muchas consultas. Hay inquilinos que ante la desesperación aceptan contratos ilegales, porque realmente no tienen a dónde ir. También vemos que a raíz de esta media sanción ha empezado a bajar la oferta, a la espera de alguna modificación en la ley”.
Y agregó: “Sabemos que de haber alguna salida, va a ser dentro de bastante tiempo, por ende, llamamos a todos los propietarios a que no retiren el inmueble de alquiler, porque no sabemos cuándo se va a dar esa reforma, todo pinta que esta muy trabada la discusión (en el Senado)”.
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Mientras tanto, el Poder Ejecutivo de Santa Fe envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley que exime del pago del Impuesto de Sellos y Tasas Retributivas de Servicios a los contratos de locación o sublocación de inmuebles, formalizados entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre del corriente año, y sus renovaciones destinadas a vivienda única y permanente. Además, por decreto, prorrogó el pago de los mismos hasta el 31 de diciembre de 2023.
Canelli se mostró “de acuerdo” con esta iniciativa, aunque advirtió: “No es una cifra muy amplia a la hora de lo que es el contrato de alquiler, estará rondado los $20.000, $30.000 o $40.000, pero entendemos que es lo que el estado provincial debería haber para acompañar a las familias que alquilan. Hace tres años que está sancionada la ley y todavía no está claro quién debe pagar la comisión inmobiliaria y cómo se calcula”.
Por último, el referente de la Asociación de Inquilinos destacó que a pesar de la crisis económica que atraviesa el país –y gracias al índice de actualización de la Ley de Alquileres que ahora está en discusión– en los últimos años los alquileres aumentaron por debajo de la inflación.
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Por su parte, el referente de Inquilinos Agrupados de Rosario y responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe, Sebastián Artola, indicó que el próximo miércoles 6 de septiembre, a partir de las 18, realizarán una movilización en la Plaza Pringles (ubicada en Paraguay y Córdoba) para exigir que la prórroga de contratos que vencen en estos días y la suspensión de los aumentos por seis meses.
“Estamos ante un fuertísimo lobby inmobiliario para forzar la aprobación de la reforma a la ley que genera muchísima incertidumbre en los inquilinos, con inmuebles que se retiran del mercado de alquiler, contratos que se iban a firmar y se suspenden o contratos que directamente se hacen por seis meses y con aumentos ilegales, todo por afuera de lo que dice la ley vigente”, explicó Artola.
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“Por esto mismo, y para hacer frente a esta maniobra especulativa y extorsiva, pedimos al gobierno nacional que se prorroguen de manera automática los contratos y suspenda los aumentos por seis meses”, apuntó.
En relación a la iniciativa del gobierno provincial para eximir del sellado a los inquilinos hasta el 31 de diciembre, Artola sostuvo: “Proponemos que la eximición del sellado para los inquilinos de vivienda sea de manera permanente. Si al gobierno santafesino le interesa la realidad de las personas que alquilan, sería bueno que también impulse el proyecto para que la comisión inmobiliaria tampoco la paguen más los inquilinos, como ya pasa en otras provincias y distritos”.
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