Inquilinos de Rosario piden un órgano de control de la Ley de Alquileres

 

El decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, que estuvo vigente durante un año, venció el pasado 31 de marzo y al día de hoy los inquilinos atraviesan una “situación muy compleja” a pesar de la puesta en marcha por parte del Gobierno Nacional de una serie de medidas para asistir a las familias con problemas habitacionales.

En ese marco, desde la Asociación de Inquilinos de Rosario piden que se establezca un órgano de control de la Ley de Alquileres “porque hoy no está claro”, además de volver a prohibir los desalojos, revisar el tema del congelamiento de alquileres, la implementación del Alquiler Social y la existencia de mecanismos de acomapañamiento para aquellas personas a las que se les dificulte el pago del alquiler.

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“Hoy por hoy estamos en una situación muy compleja en torno a la finalización del decreto 320, que ya hace un mes que terminó”, admitió a Conclusión Emmanuel Canelli, referente de la Asociación y precisó que por un lado se están registrando renegosiación de contratos nuevos o renovaciones que revelan “aumentos bastantes onerosos y preocupantes, alrededor del 50% porcentual, incluso muchas veces piden más a los fines de no renovar el contrato”, y por el otro, “una situación muy complicada para afrontar las deudas que se contrajeron durante la pandemia”.

En relación a la primera de las dificultades que plantea Canelli, recordó que “el Gobierno Nacional instauró lo que era la alerta temprana de desalojos, que no se podía ejercer ningún tipo de desalojo sin una instancia previa de una mediación judicial, pero lo que vemos es que faltan instrumentos claros para que las personas que alquilan puedan apelar a esa situación, sobre todo en la parte de atención en el Poder Judicial, donde todo se demora, exige infinidad de trámites burocráticos, así que muchos inquilinos están llegando a acuerdos directamente con la parte propietaria o las inmobiliarias sin pasar por esta instancia de mediación”. En consecuencia, se registran hechos “muy violentos” en los que exigen la entrega de la vivienda “sin posibilidad alguna de llegar a un acuerdo”.

“Entendemos que los contratos de alquiler estuvieron un año congelados y con prohibición de desalojos, pero vemos que la situación económica por un lado, y epidemiológica por otro, amerita que el Gobierno revea esta cuestión”, apuntó Canelli.

Y en cuanto al segundo de los puntos -arrastre de deudas– dijo que “es realmente un número muy alto de inquilinos que se encuentran en esta situación”. Por día reciben entre 10 y 15 inquilinos diferentes con distintos problemas entre deudas, renovación de contratos, y problemas vinculados a la falta de reconocimiento por parte de propietarios o inmobiliarias.

“Venimos pidiéndole al Estado poder tener un Registro Estable de personas que alquilan, porque hoy por hoy, no hay información clara al respecto”, señaló y amplió: “Esta información la tiene que manejar el Estado para poder generar e implementar políticas públicas claras. La falta de este Registro nos hace muchas veces tener que batallar doblemente: tratar de llegar a dar a conocer los derechos, solucionar los problemas y dar con el Registro”.

Actualmente hay 9 millones de personas que alquilan en Argentina, y en la provincia de Santa Fe alrededor de 1 millón, o sea que un 30% de la población es inquilina en la Provincia. “Teniendo en cuenta estos números es clave rever la situación, y atender la problemática”, apuntó.

Otro de los reclamos impulsados por la Asociación de Inquilinos de Rosario tiene que ver con las viviendas ociosas, alrededor de 80 mil en toda la provincia.

“Proponemos, junto al concejal Eduardo Toniolli, establecer un Registro Estable mediante el consumo energético. La Empresa Provincial de la Energía (EPE) tendría que registrar aquellas viviendas que mensualmente consuman menos de 46 kilowatts, que es lo que consume una heladera, entonces con eso podemos llegar a dilucidar que si durante seis meses se mantiene ese bajo consumo, que a esa vivienda se la catalogue como ociosa”, explicó el referente del sector.

Consultado sobre el cumplimiento o no de la Ley de Alquileres, Canelli valoró que “en general se cumple” pero también señaló algunos puntos que no se respetan.

Entre los primeros enumeró los tres años de alquiler, que las expensas extraordinarias las paguen los propietarios, el tema de las reparaciones en tiempo y forma -dos días aquellas reparaciones urgentes y 10 días las menos urgentes-. Pero entre los segundos, aquellos que no se cumplen, mencionó: el tema de las garantías, “siempre las inmobiliarias buscan evadir lo que dice la ley mediante un mecanismo miserable que es o tenes esto o no te alquilo”, y reglamentar el Alquiler Social, “una gran herramienta para acompañar a las personas que les cuesta llegar a pagar un alquiler por distintas circunstancias, que es un tema que respecta al Estado”.

Asimismo, reconoció que es necesario “seguir batallando” en torno al tema de que los primeros 12 meses de alquiler no estén regulados en la ley. “Por este motivo, en estos primeros 12 meses, el propietario o la inmobiliaria se aprovecha y puede pedir lo que quiere, lo que considera, ya que recién el segundo y el tercer año son los que están regulados por el Estado”, manifestó y amplió: “Tenemos que avanzar en el primer año para que justamente no pidan números irrisorios, como está pasando”.

«Sabíamos cuando se sancionó la ley, que era un puntapié inicial y no un punto de llegada»