Por Esteban Guida*
El principal argumento que ha motivado al gobierno de Cambiemos a impulsar la reforma previsional, es el déficit fiscal. Aunque contradice sus promesas de campaña y significa un alto costo político, el fuerte compromiso que mostró el oficialismo con la aprobación de esta ley refleja la necesidad que tiene el gabinete económico de bajar el gasto público para reducir el déficit fiscal.
El déficit fiscal se produce cuando el sector público tiene más erogaciones que ingresos, en un período determinado de tiempo. Se denomina Déficit Fiscal Primario cuando el resultado no contempla los intereses de la deuda, aunque muchas veces se omite confusamente el término “primario” eludiendo también el cómputo de los compromisos financieros que, en el caso de Argentina, son cada vez mayores y comprometen una parte importante de los ingresos del sector público.
El déficit fiscal no es malo en sí mismo. Sin embargo, un déficit fiscal recurrente y, peor aún, creciente, puede tener consecuencias no deseadas sobre la economía nacional según sean los medios que se utilicen para su financiamiento. Por otra parte, el déficit fiscal, no puede ser considerado tan sólo por lo que representa del PBI, puesto que surge del uso que hace el gobierno de su principal herramienta de acción política, que es el Gasto Público, así como también del reparto de la carga que se impone a la sociedad para financiarla. En otras palabras, es el resultado de decisiones de carácter esencialmente político con impacto directo en toda la comunidad.
A pesar de la prédica por la sanidad de las cuentas públicas, el problema del déficit fiscal se agravó desde la asunción del gobierno de Cambiemos, por varios motivos.
En primer lugar, porque las medidas contractivas y de ajuste implementadas desde diciembre de 2015 provocaron una evolución relativamente menor de los ingresos fiscales, en el marco de una estructura impositiva que está estrechamente relacionada con el nivel de la actividad económica (el 78% de la recaudación corresponde a IVA, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, e Impuesto a las Ganancias).
En segundo lugar, la decisión política de bajar impuestos a sectores “elegidos” significó también una disminución de ingresos públicos que, lejos de achicar el déficit heredado, agudizó el problema. Es importante destacar que, en materia de sacrificios, el gobierno ha beneficiado a algunos sectores en detrimento de otros; lejos de seguir una lógica progresiva (paga más, quien más gana), se le pide más a quienes menos tienen.
En tercer lugar, y muchas veces relegado del debate por el ajuste, la (in)conducta de endeudamiento público que está llevando a cabo el gobierno nacional hace que el rubro “intereses de la deuda pública” sea un ítem muy dinámico a la hora de explicar el crecimiento del déficit fiscal.
El acuerdo con los fondos buitre, aprobado por ley en abril de 2016, significó un “piedra libre” para recurrir al endeudamiento. Según el Ministerio de Finanzas de la Nación, la deuda del Sector Público Nacional pasó de USD 240.700 millones en diciembre de 2015, USD 314.200 millones en noviembre de 2017, lo que significó un incremento del 30,6%. Por su parte, la Deuda Pública Externa aumentó un 76,4%, pasando de USD 63.600 millones a USD 112.100 millones, en el mismo período.
Se sabe que el endeudamiento público genera intereses que suman a los compromisos de pago de sector público y, por lo tanto, agravan el déficit fiscal. Esta situación, no parece preocupar tanto al gobierno que, lejos de ponderar el déficit financiero que esto implica, ya anunció que la necesidad de financiamiento en 2018 rondará los USD30.000 millones, lo que implicará un crecimiento de la deuda pública de más de USD100.000 millones.
El déficit acumulado a noviembre de 2017 registró 284.535 millones de pesos (2,8% del PBI) pero, si se le adicionan los $194.407 millones pagados en concepto de intereses, se obtiene un déficit financiero de $478.942 millones que, en términos de PBI, representa el 4,7%. Es decir, 0,5% por encima de la meta pautada por el gobierno nacinoal.
Desde el Ministerio de Hacienda celebraron que “quedando un mes para finalizar el año, el déficit primario se ubicó 1,4% por debajo de la meta establecida (4,2% del PBI)”. Sin embargo, este resultado no incluye el impacto de los intereses pagados. En noviembre de 2017, los intereses aumentaron alrededor de 150% con respecto a igual mes de 2016 y, en el acumulado enero-noviembre, el incremento interanual rondó el 83,1%.
Todo esto abona las dudas respecto a la efectividad de las reformas para cumplir con las metas de déficit fiscal establecidas por el gobierno, pero al mismo tiempo confirma el criterio político que tiene el gobierno a la hora de afectar los recursos públicos.
*fundacion@pueblosdelsur.org
