Por Aldo Battisacco – Desde Buenos Aires (Enviado especial)
Al terminar la sesión de Diputados el pasado jueves, que aprobó la nueva ley de Ganancias, distintos legisladores dieron su opinión sobre la normativa que entrará en vigencia el año próximo. El corolario estuvo precedido por intensas negociaciones que se produjeron desde que la iniciativa en la materia llegó al Congreso el 22 de noviembre. Luego de su estudio y debate en comisiones en ambas Cámaras y posterior sanción, las voces que se elevaron mostraron las diferencias que desde los comienzos tiñeron los debates. Conclusión dialogó con algunos diputados del arco opositor y del oficialismo, y dieron su opinión sobre la controvertida ley.
El diputado por Neuquén Darío Martínez, del Frente para la Victoria, dijo a este medio que «luego de aprobar una ley que beneficiaba a los trabajadores -si se la compara con la que se aprobó- la que se remitió al Senado tenía un sentido muy claro acerca de quién pagaba la fiesta, se grababa la renta financiera, la minería, y el juego para poder financiar el costo fiscal del el Presupuesto 2017. Por caso, los trabajadores patagónicos que pagan un impuesto muy alto por los sueldos que tienen, se había incorporado en la ley una deducción que compensaba una injusticia tributaria».
«El Senado devolvió una ley que no se discutió en el parlamento y me entristece que esta sea la realidad política de Argentina, que se discuta en un quincho en el Tigre o en un despacho con los gremios y no en una comisión donde no pidieron argumentar porque estaba mal el dictamen, y no lo hicieron con ningún punto de lo que se aprobó. Parece que se prefirió favorecer la renta financiera que se resistía a pagar y se pretendió que el docente, el camionero o el portero sea el que soporte el impuesto. Los gremios tomaron esa mala decisión de sostener un proyecto que es perjudicial para los trabajadores, y renunciaron a lo que ya habían logrado», afirmó.
El mínimo no imponible del proyecto que tuvo media sanción en Diputados y que llevó adelante el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el bloque PJ-Justicialista se había fijado en 44 mil pesos para el trabajador casado con dos hijos, y se le sumaba deducciones por alquiler que se obtendrían de la aplicación de un tributo al mercado inmobiliario que funciona informalmente. El empleado soltero pagaba desde los 33.400 pesos, los nuevos jueces pagarían el impuesto, la minería volvería a tributar, y con el campo no se pudo porque el massismo puso ese límite. «Puede que todo esto justifique la entrega del proyecto que llegó al Senado, terminamos con la baja del mínimo no imponible y se cargó sobre los trabajadores el peso del costo fiscal», concluyó Martínez.
Por su lado, Graciela Camaño sostuvo que «fue la voluntad que tuvimos desde el Frente Renovador para que salga con la participación de los gobernadores y la CGT. Llegamos a fin de año con un proyecto que le aporta previsibilidad a los trabajadores. De parte del gobierno el tema Ganancias no se quería tratar para condicionar la paritaria, que comienza en febrero y eso no es inocente. La idea de nuestro bloque era tener una ley para impedir que este tema este vinculado a la voluntad del Ejecutivo”.
Respecto de las críticas que recibió Sergio Massa del presidente Macri, Camaño dijo a Conclusión que “la firmeza de la posición de Sergio Massa lo convirtió en el blanco predilecto por liderar el proceso, pero la gente no es tonta, sabe que esto fue así, se dio la última puntada para que el tema de Ganancias el año que viene tenga una definición parlamentaria que es la que corresponde que tenga un impuesto, más aún si tenemos en cuenta que no se ha doblegado la inflación y este gravamen comenzó a ser distorsivo cuando se le fue de las manos al gobierno anterior”.
En relación a lo que sucedería si se votaba» por sí o por no» el proyecto remitido por el Senado, a pesar que no se discutió en la Cámara alta, la diputada señaló que «si se votaba por no, los trabajadores se hubieran quedado con el impuesto a las Ganancias del kirchnerismo, esto es lo que se quiso superar».
La diputada jujeña Graciela Burgos, de UCR en Cambiemos, sostuvo que «con mucho trabajo se logró un acuerdo en el que estuvieron presentes y colaboraron con la construcción del proyecto distintos actores, entre ellos organizaciones representativas. Es un proyecto real y aplicable. Terminamos el año dando cumplimiento a las promesas de campaña del presidente de la Nación, estamos al fin del ciclo legislativo de 2016 con una ley de Ganancias que será plausible aplicar».
Sobre los efectos que tendrá la iniciativa remitida por el Senado y que se aprobó en Diputados, vinculada a la proyección de la inflación y la negociación paritaria del año próximo, la legisladora adelantó que «lo iremos resolviendo en la medida que los acontecimientos se vayan sucediendo, amerita que se tenga en cuenta que ésta iniciativa no esta alejada de las perspectivas que tiene el gobierno para 2017. Hemos dado una respuesta con este primer paso que de por sí es importante, como otros de los que se dieron a los largo del año respondiendo demandas de la sociedad». Y añadió: «Todo esto se resolvió con algo muy simple que era un faltante en el Congreso, como es la posibilidad de debatir y arribar a buenos acuerdo con la predisposición para el consenso».
Preguntada por Conclusión si de aprobarse un nuevo régimen tributario sería necesario derogar la ley de Ganancias porque se estaría frente a un orden normativo distinto, Graciela Burgos anticipó: «Para evitar discusiones que se puedan suscitar una vez que se de tratamiento a la reforma del sistema tributario nacional, sería justo y necesario que se avance. Este es un primer paso, y no se dejará de lado el tratamiento de un nuevo régimen fiscal, pero de carácter complementario con el proyecto que se aprobó».
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, precisó a Conclusión que «inicialmente hubo 22 bloques con 140 legisladores que redactaron un proyecto de ganancias equilibrado y razonable que contemplaba los intereses de las provincias, trabajadores, jubilados y monotributistas, luego hubo conversaciones privadas y acuerdos con algunos sectores del cual fuimos ajenos, nadie nos explicó ni siquiera los que votaron la media sanción en la sesión pasada, porque cambiaron de posición. Creemos que el proyecto que se votó es peor que el que remitió el ejecutivo en noviembre, es inexplicable. Como sostuvo Axel Kicillof, el proyecto presentado por Prat Gay tenía un mínimo no imponible de 26 mil pesos para un soltero y se bajó a 22 mil pesos -el 70% de los tributantes lo son- y en las escalas aparece la trampa, porque para salarios desde los 27 mil pagan más, esto se verá por el impacto que generará en junio, por otro lado con las paritarias se vuelva a la misma cantidad que paga hoy».
Según sostiene Recalde, este proyecto «demuestra que le cargan el déficit a los trabajadores, jubilados y monotributistas, porque no quisieron tocar los intereses de las grandes corporaciones, la patria financiera, y los agroexportadores. La contracara de todo esto es que rigió el látigo y la billetera; el Ejecutivo apretó a los gobernadores que no tienen recursos, diciendo en un diario de tirada nacional que se les suspendería la obra pública contratada, los mandatarios se deben a las provincias, y condicionaron las negociaciones diciendo esto o nada y para muchos es esto antes que nada».
«En la comisión del miércoles se le preguntó al ministro del interior, Rogelio Frigerio, si se podía modificar la actualización del mínimo no imponible, respondió que ‘no se iba a tocar nada porque está todo cerrado y si modificamos algo se cae el acuerdo’. La pregunta es para qué estamos si no se podía discutir y reformular el proyecto, representamos al pueblo de la Nación y a los más necesitados. Cuando se analiza como se distribuyen los recursos, los sectores medio altos y altos tienen a noviembre tienen 290.000 millones de pesos y los medios y bajos disponen de 35 mil millones, ese el número que demuestra lo que pasa, es un modelo que solo le cierra a los ricos», concluyó Héctor Recalde.
