El próximo 1º de noviembre debería entrar en vigencia la normativa que prohíbe la comercialización de las medias reses bovinas y, en disconformidad con esa medida, varios integrantes del sector se juntaron y resolvieron pedir formalmente al ministro de Economía Sergio Massa y a la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, que den marcha atrás con esa decisión ya que «la mayor parte de las plantas faenadoras no cuenta con las instalaciones adecuadas», entre otros motivos. El pedido también llevará copia para el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.

Si esta solicitud no obtuviera una respuesta favorable al pedido de prórroga, los matarifes, agrupados en la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, CAMyA,  adelantaron que estudian presentar una medida cautelar, en consonancia con la posición de los frigoríficos del centro del país.  (Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, Fifra).

Entre los pedidos elevados,  también requirieron que «se convoque a los sectores afectados al efecto de encontrar soluciones viables y sustentables en el tiempo que nos permitan, por la vía del consenso y sobre bases técnicas sólidas, avanzar en forma efectiva en la modernización del consumo».

Las medidas se organizaron en una reunión convocada por los matarifes junto a otros integrantes de la cadena de valor, productores, consignatarios, feedloteros, gremios y cámaras, en la sede de la Sociedad Rural Argentina. Hay dos entidades que no fueron invitadas: la cámara ABC, que nuclea a los mayores frigoríficos exportadores y auspicia el troceo de la media res, y la Mesa de las Carnes, que supo ser el gran interlocutor del sector con el Gobierno anterior.

Las condiciones necesarias

La normativa que debería entrar en vigencia el próximo lunes, dispone la comercialización de carne bovina en trozos de hasta 32 kilos. Esta decisión va en línea con disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Si bien, todos los integrantes de la cadena de producción coinciden en que el hombre de las medias reses debe terminar, tanto por la salud de los trabajadores como por la sanidad de la carne, todos parecen coincidir también en que no es el momento apropiado para hacerlo. Sin embargo, también son muchos los que coinciden en remarcar que hace más de tres décadas que se viene intentando implementar esta modalidad y los involucrados siempre argumentan que «no están dadas las condiciones». 

Las medias reses tienen un peso promedio de 110 kilos y, con esta nueva normativa, la carne se repartiría en tres partes; cuarto delantero, cuarto trasero y parrillero (asado, vacío, matambre, entraña y tapa de asado). Para poder hacer esto y cumplir el tope de 32 kilos y poder trocearlas de esta forma sin que se destrocen, deben haber tenido al menos 24 horas de frío. Y para ello se requieren grandes y costosas cámaras frigoríficas. Los grandes frigoríficos exportadores ya las tienen, pero muchos mataderos dedicados al consumo interno no.

La crítica que se hace desde el sector al Gobierno es que la implementación de la normativa no fue acompañada de consensos, planes, créditos blandos o campañas para reducir la informalidad.

Prórrogas

La implementación de la norma estaba prevista para el mes de enero pero fue prorrogada hasta el 1º de noviembre. Pero desde el sector aseguran que si el troceo se implementa en forma inmediata se traducirá en cierre de mataderos y pérdidas de empleos. También obliga a los matarifes a salir de su «zona de confort» y en vez de dejar medias reses en las carnicerías tendrán que adaptarse a los pedidos que éstas les hagan (y ver cómo se las ingenian para ubicar el resto de las medias reses que faenan).

Algunos acusan a los frigoríficos exportadores de ser «instigadores» de la medida para apropiarse de más porciones del mercado interno. Sin embargo, a día de hoy, representan alrededor de un 30% de la producción de carne y buena parte de la exportación, por lo cual, no parece muy probable que eso vaya a ocurrir.

Hay otros analistas que creen  que el verdadero interés es más bien, por esta vía, combatir la informalidad, sanitaria pero sobre todo impositiva, que deja fuera de competencia a los que tienen todo en regla.

Más allá de los beneficios sanitarios, exportadores y analistas sostienen que el troceo va a propiciar una bajad de precios, dado que el carnicero no tendrá que vender todo lo que viene en la media res sino ajustar sus pedidos a los que más vende. Así, si vende más asados los fines de semana, cortes más caros (del cuarto trasero) o más baratos (del cuarto delantero), podrá pedirle específicamente esa parte al matarife, y no se verá obligado a «malvender» cortes en su barrio solo porque tienen poca demanda. Esto debería terminar, así, con los lomeros, como se llama a quienes pasan por las carnicerías de los barrios populares a retirar lomos baratos porque no tienen salida, para venderlos mejor en barrios de mayor poder adquisitivo.

Si bien ese argumento tiene lógica en el mediano plazo, algunos alegan que en el corto plazo el troceo va a implicar un mayor blanqueo y, en consecuencia, más impuestos cargados a los precios.

Fuente: Iprofesional